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Refugiados no. Los dirigentes de los cuatro países europeos del conocido como Grupo de Visegrado (Eslovaquia, Hungría, Polonia y República Checa) se reúnen este jueves en un castillo de la República Checa para confirmar su oposición a cualquier reforma de la política migratoria y de asilo europea que conlleve un reparto obligatorio de los refugiados que pisan suelo europeo.
La Comisión Europea diseña desde hace meses la reforma de la Directiva Europea de Migración y Asilo, un dossier tóxico que ya provocó fuertes tensiones desde 2015 y que terminó con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenando a Hungría y Polonia, el pasado abril, con incumplir deliberadamente su obligación de acoger a un cierto número de refugiados.
Los cuatro de Visegrado cuentan con el apoyo de Estonia, Letonia y Eslovenia, que se unieron a ellos en una carta enviada a Bruselas en la que piden que no incluya en su reforma ninguna obligación legal de aceptar a refugiados. Pueden sumar el apoyo del Gobierno austríaco, aunque Viena, con los ecologistas en la coalición de Gobierno con los conservadores de Sebastian Kurz, no parece tener una posición tan dura como en los últimos años cuando Kurz necesitaba del apoyo de los neonazis del FPO.
La norma actual, de facto suspendida desde la crisis migratoria de 2015, asegura que el país que debe hacerse cargo de un refugiado es el primero que esa persona pisó al llegar a Europa. Como desde el Polo Norte no llegan precisamente olas de refugiados, la norma hace que Italia sea el principal responsable de acoger a los refugiados que llegan a Europa, con Grecia, Malta y España en paso por detrás.
El ministro de Interior checo, Jan Hamacek, dijo este miércoles: “Hemos dicho claramente que ofrecemos todo tipo de ayuda para proteger las fronteras exteriores de la Unión Europea, pero rechazamos fundamentalmente las relocalizaciones obligatorias”. Hamacek asegura que ahora no serán, como en 2015, sólo Hungría y Polonia quienes se opongan y que el grupo suma ya siete países que podrían ser nueve si se les une Austria y posiblemente Dinamarca.
La reforma de la política de Migración y Asilo era una de las prioridades de la Comisión Europea hasta que estalló la crisis del coronavirus. Bruselas mantiene abierto ese dossier, que además debería caer en manos del Gobierno alemán en cuanto asuma el próximo 1 de julio la presidencia semestral de la Unión Europea (UE).
Berlín quiere sacar adelante la reforma pero no hará de la misma un cassus belli porque sabe que el dossier es tóxico y que el bloque se enfrenta en los próximos meses a una crisis económica histórica mientras debe dar salida definitiva a un ‘Brexit’ que lleva rumbo de colisión.
El dossier, a cargo de la comisaria europea de Interior, la socialdemócrata sueca Ylva Johansson, y del comisario de Promoción del Modo de Vida Europeo (el extraño nombre de la cartera del conservador griego Margaritis Schinas), que debía haber sido presentado en marzo y no lo será hasta finales de este mes, choca con los países de Visegrado, que han hecho del rechazo a los refugiados su principal prioridad política. Con estupendos resultados electorales.
La Comisión Europea espera que el proyecto de reforma se debata de forma menos emocional que en 2016 por dos razones. La primera es que la prioridad de los 27 es económica y sanitaria. Y la segunda es que el bloque está recibiendo muy pocos migrantes y refugiados, ni la décima parte que a finales de 2015 y principios de 2016. Alemania, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suecia se han hecho cargo en los últimos años del 90% de los solicitantes de asilo que fueron “reinstalados” en otros países europeos después de llegar a Grecia, Italia o Malta.
Bruselas quiere hacer entender a los gobiernos que en la UE hay apenas un 4,4% de población de terceros países y que los flujos migratorios son imposibles de detener por completo por lo que la política inteligente es la de saber gestionarlos.
La Comisión Europa reconocerá en su proyecto, según fuentes comunitarias, que una Europa envejecida (la edad media de los europeos ha aumentado más de 10 años en las últimas tres décadas) y que necesita mano de obra en muchos sectores (el confinamiento demostró que sin inmigrantes la mayoría de las cosechas europeas se quedaban sin recoger y que inmigrantes eran porcentajes significativos del personal sanitario de muchos países de la Europa más rica), no puede cerrar la puerta a la inmigración.
El texto reconocerá la ilegalidad de las expulsiones colectivas en alta mar (que países como Malta o Grecia, según denuncian organizaciones de defensa de los derechos humanos como Human Rights Watch, siguen ejecutando) y la necesidad de una política de deportaciones de quienes no tienen derecho a asilo porque aunque se rechazan aproximadamente dos tercios de las solicitudes apenas se ejecutan un tercio de las deportaciones.
Bruselas quiere reforzar los acuerdos con los países de origen y de tránsito, siempre difíciles porque es muy complicado que lo que pueda pagarles la UE llegue a sumar lo que esos países reciben como remesas por parte de sus ciudadanos emigrados. El próximo presupuesto europeo debería contar con una partida de “Asilo y Migración” (se dedica en su mayoría a pagar a países de origen y tránsito para que controlen sus fronteras) de 32.000 millones de euros para el período 2021-2027, 20.000 millones más que en el período 2014-2020.