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Era la hora del sueño cuando, aquella madrugada del 16 de noviembre de 1989, el sanguinario batallón Atlacatl del Ejército salvadoreño llenó de sangre la sede de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). Los paramilitares asesinaron a ocho personas: seis sacerdotes jesuitas (cinco, españoles), la cocinera de la residencia y su hija de 16 años. El vasco de 59 años Ignacio Ellacuría, el carismático rector de la universidad, fue una de las víctimas. Las demás se llamaban Ignacio Martín-Baro, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Amando López, Joaquín López, Elba Ramos y Celina Ramos. "Fueron despedazados como animales", recordaba el portal de los jesuitas en América Latina en uno de los aniversarios del crimen de San Salvador.
30 años después, el juicio en la Audiencia Nacional de Madrid, busca el fin de la impunidad de aquella matanza que conmocionó al mundo. El principal acusado es el coronel que ocupaba la secretaría de Seguridad Pública, Inocente Orlando Montano.
Ignacio Ellacuría, filósofo y teólogo nacido en Portugalete, había recibido amenazas de muerte pero no estaba dispuesto a callar; adalid como era de la Teología de la Liberación que, pegada a la realidad de los más pobres, abogaba por la transformación social en la convulsa América Latina. (Una corriente de la que recelaba el Papa Juan Pablo II). El jesuita defendía los intereses de los más desfavorecidos. En uno de sus últimos discursos, por ejemplo, denunciaba la concentración de la mayoría de las tierras productivas en unas pocas y riquísimas familias.
Algunos sectores consideraban incómodos a aquellos sacerdotes que despertaban la conciencia social, la capacidad crítica, la demanda de justicia y la defensa de derechos humanos en una sociedad en las estos se violaban de forma sistemática.
El país centroamericano atravesaba una guerra civil (que duraría entre 1979 y 1992 con 75.000 muertos y más de 8.000 desaparecidos, en una nación de poco más de seis millones de habitantes ). En este contexto, Ellacuría pedía diálogo, se mostraba a favor de las conversaciones entre el Gobierno y la guerrilla, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Documentos de la Comisión de la Verdad formada en El Salvador en 1992 revelaron que aquella Universidad, la UCA, era considerada un "refugio de comunistas" y que los militares habían recibido órdenes de eliminar a los "elementos subversivos conocidos".
Dos años después del crimen, en 1991, se juzgó a 14 miembros del Ejército. Solo se condenó a dos. Pero la Ley de Amnistía aprobada por el Parlamento en 1993 les dejó en libertad.
El batallón Atlacatl, que había sido entrenado por la CIA, fue el ejecutor. ¿Pero quién fue el autor intelectual? ¿Quién dio la orden de matar a los sacerdotes? 30 años después, la respuesta y el reparto de responsabilidades son todavía una cuenta pendiente.
El pasado enero, Estados Unidos (que apoyó y financió la guerra civil en El Salvador) anunció sanciones para los 13 exmilitares de ese batallón. "EE.UU. apoya los continuos esfuerzos de rendición de cuentas, reconciliación y paz en El Salvador", afirmó un comunicado del Departamento de Estado.
El Papa Francisco -el primer Pontífice jesuita de la historia- ha condenado también aquel "martirio". ¿Será la hora del fin de la impunidad en la matanza de los "ocho mártires de la UCA"?