Así consta en el XII Informe Trimestral sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) presentado hoy por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, al Consejo Permanente del organismo.
"Los grupos armados ligados al narcotráfico que han surgido después de la desmovilización en varias regiones del territorio, generan contextos de ilegalidad que son una de las principales amenazas al proceso", señala el titular de la OEA.
Insulza afirma que "de su debida atención y superación dependerá el logro" de los objetivos del proceso de paz, y recomienda al Gobierno que actúe con decisión para contrarrestar ese problema.
En las consideraciones generales del informe de 16 páginas, la OEA explica que las organizaciones criminales han establecido además alianzas con grupos guerrilleros y el narcotráfico sigue haciendo uso de la violencia.
La influencia de facciones armadas ilegales que siguen produciendo temor en las regiones afectadas, "conduce a que las comunidades continúen percibiendo que el fenómeno -de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)- sigue activo", indica.
En este contexto, Insulza manifiesta que la presencia de estos grupos "constituye una amenaza de carácter multidimensional que no sólo afecta a las comunidades, sino también impacta el proceso de reintegración de los ex combatientes, así como la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas".
La MAPP/OEA ha identificado 28 zonas afectadas por las facciones armadas que comprenden 153 municipios (el 14% del total de municipios colombianos), y su presencia impacta de manera especial en las poblaciones en situación de vulnerabilidad como las mujeres, los niños, los indígenas y los afrocolombianos.
Es además uno de los principales obstáculos para el paso de los ex combatientes a la vida civil, pues en determinadas zonas la presión que ejercen sobre los desmovilizados "es muy fuerte" y dificulta la labor de la Alta Consejería para la Reintegración.
La OEA ve con "preocupación" que en algunas zonas del país el temor de las víctimas de las AUC persiste, lo que repercute en sus niveles de participación en el proceso de Justicia y Paz.
"Uno de los principales retos en un contexto de post desmovilización es llevar la justicia a aquellas zonas donde los grupos de autodefensa imponían sus reglas y condiciones. Mientras que los contextos de ilegalidad persistan, esta tarea difícilmente podrá ser cumplida", concluye Insulza.
Insulza destacó que el Gobierno ha aumentado el número de operativos y detenciones de los mandos de los grupos armados ilegales, y que la Fuerza Pública ha ampliado su cobertura territorial en zonas donde tuvieron influencia las AUC.
La OEA indica que de los 31.651 paramilitares desmovilizados desde 2003, actualmente 23.008 se encuentran activos, y si se resta los ex combatientes que perdieron la vida hasta septiembre de 2008 (1.658), quedan alrededor de 7.000 miembros de las AUC que no participan en el programa.
La MAPP destaca que se han dado avances "significativos" en la investigación en el marco del proceso de Justicia y Paz de los delitos cometidos por los paramilitares, ya que en las versiones libres han confesado más de 2.709 delitos y enunciado otros 8.196.
A raíz de estas confesiones el número de fosas exhumadas asciende a 1.328, se encontraron 1.698 cadáveres.
Por su parte, 160.000 víctimas han comenzado a participar en el proceso judicial.