El Ejecutivo de Antonis Samaras invocó el domingo, por tercera vez este año, los poderes de emergencia que le permiten arrestar a trabajadores en situación de desobediencia civil.
El secretario general del sindicato de funcionarios ADEDY, Ilias Iliopoulos, ha condenado las presiones del Gobierno y ha llamado a participar en la huelga y en un paro de cuatro horas el jueves para "apoyar las demandas de los profesores".
La huelga previsiblemente causará cierres de centros educativos y de oficinas de la administración y dejará al mínimo el servicio en hospitales.
El Gobierno invocó el domingo una competencia reservada para casos de emergencia para vetar la huelga de profesores del próximo viernes. La Policía ha comenzado a repartir este lunes dichas órdenes, en las que se recoge que los docentes deben acudir al trabajo el día de comienzo de los exámenes.
El origen de las movilizaciones radica en la ampliación de la jornada laboral para los profesores --dos horas más a la semana-- y la recolocación de 4.000 de estos empleados en zonas apartadas de Grecia donde hace falta personal. Según el sindicato de profesores OLME, las medidas repercutirán en el despido de 10.000 interinos una vez que expiren sus contratos.
El secretario general del GSEE, Nikos Kioutsoukis, ha tildado de "inaceptable" la decisión del Gobierno de "criminalizar" la huelga antes siquiera de que los sindicatos hayan tomado "una decisión final".