Gobierno y guerrilla concluyen cuatro días de conversaciones con un primer acuerdo sobre reforma agraria

Este primer acuerdo se suma al alto el fuego interino acordado entre el Ejecutivo de Rodrigo Duterte y el Frente Democrático Nacional (FDN) --que representa al Partido Comunista de Filipinas (PCF) y a su brazo armado, el Nuevo Ejército del Pueblo (NEP), en las negociaciones-- mientras ambas partes discuten las condiciones que se incluirán en el acuerdo definitivo de una tregua bilateral.

Se trata de los dos primeros grandes logros que se consiguen en esta nueva ronda de negociaciones, que se desarrollan en Países Bajos y que se retomarán a finales de mayo, tal y como ha recogido el diario 'Inquirer'.

La reforma agraria forma parte del Acuerdo Integral sobre Reformas Socioeconómicas, considerado por los comunistas como parte de la agenda para abordar las causas de la insurgencia filipina, una de las más longevas del mundo.

Asimismo, ambas partes han acordado que la cuestión territorial y de recaudación de impuestos revolucionarios, una de las causas principales de los retrasos en las conversaciones se debatirá y resolverá en la elaboración del Acuerdo Integral sobre Reformas Políticas y Constitucionales.

La enviada especial de Noruega al Proceso de Paz de Filipinas, Elisabeth Slattum, ha señalado que si bien son notables las diferencias entre los dos bandos, su compromiso para trabajar juntos es encomiable. La próxima ronda de negociaciones arrancará el próximo 26 de mayo y concluirá el 2 de junio.

El Gobierno y la guerrilla comunista acordaron retomar las conversaciones de paz y restaurar la tregua tras varias semanas de enfrentamientos después de que el NEP pusiera fin al alto el fuego el 10 de febrero.

"El alto el fuego unilateral es un preludio a un alto el fuego bilateral interino, para el que son necesarios más encuentros entre las partes para determinar y acordar los términos y mecanismos", argumentó el Gobierno.

Los rebeldes maoístas anunciaron a principios de enero el fin del alto el fuego con el Gobierno a partir del 10 de febrero, acusando al presidente de incumplir los términos del acuerdo.

"El Gobierno no ha cumplido con su obligación de amnistiar y liberar a todos los presos políticos", resaltó el portavoz del NEP, Ka Oris, recordando que las liberaciones debían haber tenido lugar 60 días después del anuncio del alto el fuego, el 28 de agosto de 2016.

En respuesta, el mandatario aseguró que las exigencias de los rebeldes en cuanto a la liberación de presos políticos son "irracionales".

"Ya hice todo lo necesario para liberar a sus líderes y ahora me piden que libere a otros 400 presos políticos (...). No soy el dueño de la República de Filipinas, no decido solamente yo, tengo que consultar con el pueblo y los militares", argumentó.

El NEP, brazo armado del partido comunista integrado por unos 3.000 hombres, opera principalmente en el este y el sur de Filipinas.

El alto el fuego fue pactado en Oslo como parte de un acuerdo que tiene como objetivo acelerar el proceso de paz y acabar con un conflicto que comenzó hace más de 50 años y que se ha cobrado la vida de alrededor de 40.000 personas.