El primer ministro ha defendido ante el Consejo de Ministros que Israel sea un estado democrático en el que todos los ciudadanos sean iguales en derechos, "pero sólo hay derechos nacionales para los judíos: una bandera, un himno, el derecho de todo judío a inmigrar a Israel y otros símbolos nacionales", ha afirmad.
En ese sentido, ha recriminado a quienes defienden la solución de los dos estados para los dos pueblos y rechazan que Israel reivindique su carácter judío. "Los palestinos se niegan a reconocerlo y también hay oposición dentro (...). No comprendo a quienes defienden dos estados para dos pueblos y al mismo tiempo rechazan elevarlo con rango de ley. Se apresuran a reconocer un hogar nacional palestino, pero rechazan radicalmente un hogar nacional judío", ha argumentado, según recoge el periódico 'The Jerusalem Post' en su edición digital.
Netanyahu también se ha referido a las amenazas de los centristas de abandonar la coalición de gobierno en represalia por la aprobación de este proyecto de ley. "El país no se puede gobernar así. Tenemos que centrarnos en fortalecer la seguridad ante las oleadas de extremismo islámico y el peligro de un Irán nuclear, en fortalecer la economía y el bienestar de los ciudadanos de israelí y no las amenazas", ha señalado.
El proyecto de ley será tramitado el miércoles en la Knesset o Parlamento israelí, aunque una vez aprobado por el Consejo de Ministros --que funciona como un pequeño parlamento-- el visto bueno del Legislativo es un mero trámite.
Desde el propio ejecutivo, los ministros de los partidos centristas Yesh Atid y Hatnuah han criticado la intención del Likud de Netanyahu de imponer un "estado religioso".
"Una propuesta como esta debe ser formulada minuciosamente, con consenso, no con prisas. No comprendo la urgencia de una ley de este tipo en un momento delicado como este. No es el momento", argumentaba el ministro de Ciencia y Tecnología, Yaakov Peri, del partido centrista Yesh Atid.
Precisamente el líder de Yesh Atid, Yair Lapid, ha criticado que "esta ley convierte a 300.000 rusos en ciudadanos de segunda clase" y ha vinculado la aprobación de esta ley con la próxima celebración de elecciones primarias en el Likud, previstas para el mes de enero.