El portavoz gubernamental, Sunsern Kaewkumnerd, ha desvelado que Yingluck había solicitado permiso para viajar al extranjero hasta el 22 de febrero, según ha informado la cadena de televisión británica BBC.
Sin embargo, Norawit Lalang, el abogado de la exprimera ministra, ha recalcado que la decisión no es válida debido a que el caso no ha sido presentado aún ante los tribunales, por lo que una prohibición de este tipo sería una violación de sus derechos fundamentales.
El programa marcaba el precio del arroz del mercado de las exportaciones, por lo que el Gobierno de Yingluck encontró pocos compradores para las millones de toneladas de arroz, que acabaron almacenadas sin vender.
La Comisión Anticorrupción presentó en agosto sus averiguaciones ante la Fiscalía y pidió la imputación de la exprimera ministra. En caso de ser declarada culpable, Yingluck podría ser condenada a una pena máxima de diez años de cárcel.
El Parlamento declaró a Yingluck culpable de negligencia por no impedir los casos de corrupción vinculados a su polémico programa de subsidios al arroz, lo que conlleva la inhabilitación política de la exprimera ministra durante un periodo de cinco años.
Los seguidores de Yingluck argumentan que el proceso judicial es una táctica de las nuevas autoridades militares del país para evitar que pueda continuar con sus actividades políticas e intente recuperar el cargo a través de unas elecciones.
El Tribunal Constitucional obligó a Yingluck a abandonar el cargo de primera ministra el pasado 7 de mayo por haber incurrido en abuso de poder. Posteriormente, el Ejército dio un golpe de Estado el 22 de mayo que puso fin al Ejecutivo liderado por su partido.