Durante meses, según ha explicado la ONG, distintas fuerzas kurdas han impedido que los desplazados árabes del norte de Irak por los combates y la violencia de los yihadistas puedan regresar a sus hogares, en su mayoría a las provincias de Ninive y Erbil. Sin embargo, sí han permitido el regreso de la población kurda que, incluso, se ha instalado en las viviendas que han tenido que dejar los árabes para huir del Estado Islámico.
"Excluir a residentes árabes y no permitir que regresen a sus viviendas excede ampliamente lo que debería ser una respuesta de seguridad razonable ante la amenaza del Estado Islámico", ha dicho la investigadora sobre terrorismo y lucha antiterrorista de Human Rights Watch, Letta Tayler. "Estados Unidos y otros países que están aportando armas a las fuerzas kurdas iraquíes deberían dejar claro que no tolerarán que haya discriminación con el pretexto de combatir el terrorismo", ha exigido.
Gracias a testimonio locales, HRW ha podido asegurar que tanto ciudadanos kurdos iraquíes como soldados del Gobierno Regional del Kurdistán (GRK) han destruido decenas de viviendas de residentes árabes en las zonas en cuestión y que el GRK, presuntamente, pretende incorporar al territorio autónomo kurdo.
Estados Unidos se ha comprometido a aportar 350 millones de dólares (unos 309 millones de euros) para crear tres nuevas brigadas de la fuerza militar kurda, conocida como peshmerga. Alemania, Reino Unido, Italia, Francia, República Checa y Albania también están armando o entrenando a combatientes peshmerga, ha recordado la ONG.
"El gobierno regional kurdo debería poner fin a todas las restricciones a la circulación que no estén claramente justificadas por motivos de necesidad militar o protección civil, o que hayan sido impuestas en función del origen étnico, e investigar sin demora los presuntos abusos contra personas retenidas", ha exigido HRW.
DISCRIMINACIÓN ENTRE KURDOS Y ÁRABES
HRW ha podido documentar actos discriminatorios en comunidades de las provincias de Ninive y Erbil. Las áreas forman parte de los denominados territorios disputados, cuyo control reclaman tanto el Gobierno regional como el Gobierno central iraquí en Bagdad tras ser liberados de las manos de los yihadistas.
A mediados de 2014, estas provincias fueron ocupadas por la fuerza por el Estado Islámico. Muchos de los locales se vieron obligados a huir mientras que otros, principalmente árabes suníes, quedaron atrapados u optaron por permanecer dentro del territorio dominado por los yihadistas. Entre agosto y octubre, y con el respaldo de ataques aéreos estadounidenses, las fuerzas kurdas volvieron a tener el control de las zonas.
DELITOS DE LESA HUMANIDAD
Además, HRW ha denunciado que el Estado Islámico ha cometido "delitos de lesa humanidad y otras atrocidades" perpetradas en Siria e Irak, pero también "abusos de las fuerzas sirias e iraquíes y de las milicias aliadas".
Por ello, la ONG ha recordado que el Derecho Internacional permite "el desplazamiento forzado de civiles durante un conflicto armado únicamente como medida transitoria destinada a proteger poblaciones locales o cuando haya necesidades militares ineludibles". "El Derecho Internacional prohíbe la discriminación por motivos étnicos o raciales en todo momento, incluso en estados de emergencia y durante conflictos armados", ha añadido.
Piden que todos los países que brindan ayuda y seguridad a las fuerzas kurdas iraquíes se comprometan a retirar dicho favor si estos no se comprometen a investigar y sancionar las conductas abusivas. "Las atrocidades cometidas por el Estado Islámico, por muy repudiables que sean, no pueden justificar que se castigue en forma colectiva a comunidades árabes enteras", ha destacado Tayler.