Una investigación llevada a cabo por Human Rights Watch en relación a uno de los casos más graves y recientes --vinculado con la muerte de cuatro civiles por disparos durante una protesta el 3 de julio de 2012 en Celendín, Cajamarca-- recabó evidencias que sugieren "de una manera convincente" que las muertes fueron provocadas por el uso ilegítimo de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad, ha asegurado la ONG en un comunicado.
Human Rights Watch también ha manifestado su preocupación por un proyecto de ley, previsto de aprobación en el Congreso, que "autorizaría el uso de la fuerza letal en situaciones que no están contempladas por el Derecho Internacional".
"Cuando se producen hechos de violencia durante manifestaciones públicas, las autoridades tienen la obligación de restablecer el orden, pero deben además respetar plenamente los derechos de los manifestantes y transeúntes por igual", indicó el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
"Si bien su trabajo puede ser realmente difícil, esto no justifica que actúen de manera irregular", prosiguió. "La Policía debería recibir las herramientas y el entrenamiento que necesita para proteger a sus miembros y a terceros de actos de violencia, y debería rendir cuentas por su actuación cuando sean sus propios agentes quienes apliquen la violencia de manera ilícita", agregó.