En su informe 'La guerra invisible: la abusiva respuesta de Rusia a la insurgencia en Daguestán', la organización ha indicado que las autoridades consideran a los seguidores del salafismo, una rama fundamentalista del Islam suní, como sospechosos criminales a pesar de la ausencia de pruebas.
"Muchos musulmanes salafistas de Daguestán experimentan acoso por parte de las fuerzas de seguridad", ha dicho la directora para Rusia de HRW, Tania Lokshina. "Este tratamiento abusivo aliena y margina a estas comunidades, y la desconfianza es utilizada por la insurgencia islamista", ha agregado.
Para la realización del informe, la ONG ha entrevista a cerca de 80 personas entre 2012 y 2015, incluyendo víctimas de abusos o sus familiares, abogados, policías, funcionarios gubernamentales, activistas pro Derechos Humanos y periodistas.
La Policía incluye a los salafistas en listas especiales de vigilancia, conocidas como 'registro wahabí', y detiene e interroga frecuentemente a los salafistas, a los que también se toman fotografías, las huellas dactilares y se realizan pruebas de ADN.
Asimismo, HRW ha detallado numerosas operaciones de contrainsurgencia que provocaron daños o destrucción en propiedades civiles por las que los propietarios no han recibido una compensación adecuada o compensación alguna.
Entre las mismas figura una llevada a cabo durante diez días en la localidad de Gimri en 2013, durante la cual la mayoría de los residentes fueron forzados a evacuar la ciudad.
Asimismo, las fuerzas de seguridad cercaron a cientos de personas en la ciudad de Vremeni en 2014 para llevar a cabo identificaciones e interrogatorios, forzando a toda la población a abandonar la ciudad y destruyendo o dañando decenas de casas.
"Las operaciones de contrainsurgencia son defendidas como defensa de la población, pero lo que no se justifica es que las fuerzas de seguridad lleven a cabo estas operaciones sin cumplir los estándares de Derechos Humanos", ha valorado Lokshina.
En este sentido, HRW ha detallado que las autoridades han hecho uso de exceso de la fuerza en las detenciones, han estado involucradas en desapariciones forzosas o han retenido a personas incomunicadas en lugares sin especificar.
Además, ha agregado que las fuerzas de seguridad han agredido a sospechosos para forzar confesiones, han obstaculizado el trabajo de abogados y activistas para defender a los acusados, así como el de los periodistas que intentaban informar sobre los casos.
ATAQUES INSURGENTES
Por otra parte, la organización ha denunciado que los insurgentes han perpetrado ataques contra las fuerzas de seguridad, asesinado a funcionarios y llevado a cabo ataques indiscriminados contra zonas civiles.
"Los ataques insurgentes contra civiles, funcionarios y policías son crímenes graves, y aquellos que los cometen han de ser llevados ante la justicia. Sin embargo, el Gobierno no puede invocar su deber de proteger para justificar la violación de los derechos de la población", ha remachado Lokshina.
Por ello, HRW ha reclamado al Gobierno ruso que ponga fin a sus tácticas abusivas en Daguestán, abogando por fomentar un clima favorable a los periodistas, abogados y activistas para que trabajen en la región.