El representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Christian Salazar, aseguró hoy en un comunicado que ve con mucha preocupación algunas informaciones que recibió sobre posibles ejecuciones de policías con tiros de gracia, incineración de heridos o el uso de armas prohibidas por el derecho internacional.
"Hemos emprendido una estrecha observación de estos casos que, si se confirman, podrían constituir crímenes de guerra", dijo.
Salazar indicó que las informaciones obtenidas por su Oficina indican que en los últimos ataques de la guerrilla de las FARC, ocurridos en los sureños departamentos del Caquetá y Putumayo, contra miembros de la Policía Nacional, se "habría violado" la normativa humanitaria.
La ONU indicó que "la ejecución de varios policías heridos y la posterior quema de los cuerpos después de atacar un camión de la Policía Nacional en El Doncello (Caquetá)" son acciones que constituyen infracciones a los "principios de proporcionalidad y de protección de heridos y personas fuera de combate"
Asimismo, la utilización de cilindros (de gas) para atacar los puestos de policía en San Miguel (Putumayo) y la colocación de explosivos en el cadáver de uno de los policías fallecidos y la instalación de minas antipersonales durante su retirada, podrían constituirse en "crímenes de guerra".
"La Oficina recuerda a los grupos guerrilleros que el respeto de las normas humanitarias en el desarrollo de hostilidades no es de libre elección, sino de obligado cumplimiento", agregó Salazar.
La ONU también aseguró que en la primera mitad del mes de septiembre se han incrementado las hostilidades por parte de la guerrilla, lo que ha causado la muerte a por lo menos 56 personas y heridas a 52, entre policías, militares y guerrilleros.
"La violenta pérdida de vidas en estas dos semanas de septiembre recuerda la crueldad de un conflicto que desangra al país de forma inútil", subrayó.
La oficina recordó a los miembros de los grupos armados ilegales que deben liberar de inmediato y sin condiciones a todas las personas secuestradas y devolver a todos los niños, niñas y adolescentes que han reclutado en sus filas.
El pasado viernes las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) atacaron la población de San Miguel y asesinaron a ocho policías.
Sin embargo, el hecho más grave tuvo lugar el pasado 1 de septiembre durante una emboscada de las FARC en el del Caquetá (suroeste), donde fallecieron 14 policías.