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Carlo Hanau ya había comenzado su carrera como profesor, cuando en 1971 cambió todo. Aquel año Italia aprobó una ley para que los alumnos con necesidades especiales fueran integrados en colegios ordinarios y seis años más tarde cerró las escuelas específicas. También fueron clausurados los centros psiquiátricos. La resaca del mayo del 68 trajo consigo una serie de reivindicaciones sociales, que confluyeron en leyes como la del aborto o el divorcio. Desde entonces Italia presume de un sistema inclusivo para los alumnos con algún tipo de discapacidad y no ha vuelto a abrirse este debate.
“Ya en los cincuenta hubo algunos proyectos piloto, por los que niños ciegos acudían a colegios normales, pero en los setenta se pensó que para que hubiera una adaptación total a la sociedad, no tenía sentido separar a los críos con cualquier tipo de necesidad especial”, señala el profesor Hanau. Entonces se estableció que estos muchachos acudirían a las mismas clases que el resto, aunque recibirían una atención personalizada.
Se calcula que actualmente hay unos 250.000 menores en la educación infantil italiana con algún tipo de minusvalía. De ellos, el 75% sufren discapacidad intelectual (síndrome de down u otros tipos de déficits cognitivos) o relacional (autistas). En el caso de los autistas, el número de alumnos es de unos 40.000. El resto de estudiantes con minusvalías tienen discapacidades auditivas, visuales o motoras.
Estos chicos cuentan con profesores de apoyo que se encargan de sus problemas específicos, pero siempre en el contexto de las clases ordinarias. El número de maestros de este tipo es de unos 140.000, lo que significa que hay un profesor por cada 1,5 alumnos.
“Tenemos el número más alto de profesores de apoyo en todo el mundo”, apunta Hanau, que además es uno de los fundadores de la Asociación Nacional de Padres de Personas Autistas (ANGSA, por sus siglas en italiano).
Las diferentes directivas recomiendan que el número de horas lectivas no supere las 25 para los más pequeños -el tiempo se va reduciendo conforme van creciendo- y que no haya no haya más de un niño o dos con alguna minusvalía en cada clase. Además, el Estado contempla que estos menores cuenten con la asistencia de personal para cumplir con necesidades higiénicas cuando lo necesiten o que reciban la enseñanza en hospitales si están incapacitados.
A nivel normativo, Italia ha aprobado una serie de leyes que establecen que las necesidades especiales de los menores deben cumplirse en el ámbito de las escuelas ordinarias y el Tribunal Constitucional, además, ha dado siempre la razón a quienes han reclamado este objetivo. Los padres deben presentar una certificación de minusvalía en los colegios para que sus hijos reciban la asistencia necesaria. En función del informe, una comisión específica determina también cuáles son las materias que pueden cursar estos alumnos.
Según datos del Ministerio de Educación, el 93% de estos estudiantes acuden a la educación pública, ya que los colegios estatales están obligados a cumplir con estas necesidades, mientras que a los privados les resulta demasiado costoso. En caso de requerir la asistencia de logopedas u otros terapeutas como terapia ocupacional, integración sensorial o neurosicologia, el sistema educativo público no lo cubre ni el sanitario. Los padres lo tienen que pagar de sus bolsillos.
“Italia tiene el gasto per cápita más alto en el mundo en cuanto a profesores de apoyo, por delante de Estados Unidos”, defiende Guido Dell’Acqua, de la Dirección General para la Integración del Ministerio de Educación. Según él, se trata de “un modelo ejemplar, ya que los legisladores italianos siempre han entendido que tener alumnos con discapacidades en clase mejora el rendimiento de estos, pero también el del resto de sus compañeros”. “Se crece mejor todos juntos”, concluye. Su departamento supervisa el cumplimiento de toda esta normativa.
El Ministerio no aporta datos concretos del gasto en este tipo de educación, aunque las organizaciones especializadas indican que Italia gasta sólo en el salario de los profesores unos 5.000 millones anuales.Es complicado realizar un balance global, porque incluiría distintos programas de ayuda, transporte de los niños que lo requieran o asistentes en los colegios, que en ocasiones son pagados por el Estado y otras veces por entes locales o regionales.
El gasto total en educación del país transalpino es de 67.000 millones de euros al año, lo que representa el 8,1 del gasto público y el 4,1 del PIB, por debajo de la media europea.
Otros colectivos, como la Federación Italiana para la Superación de la Discapacidad, también defienden el modelo de “inclusión total” del país tranasalpino. “No existe ninguna posibilidad de que se vuelvan a los centros específicos, salvo en casos muy concretos como puedan ser los sordos”, asevera Salvatore Nocera, experto en integración de este organismo.
Según sus cifras, actualmente hay unos 35.000 alumnos con discapacidad en las universidades italianas, “lo que también indica que este camino educativo ha sido exitoso para muchos de ellos”. Los alumnos con un grado de minusvalía mayor pueden aspirar a un diploma en función de sus capacidades, mientras que en casos más leves la titulación es igual que para el resto de los estudiantes. Con un grado de discapacidad física igual o superior al 66%, las tasas universitarias son gratuitas.
El mayor problema en cuanto a este tipo de educación es el grado de especialización del profesorado, ya que según un estudio del Instituto Nacional de Estadística italiano del curso 2017-18, el 36% del personal de apoyo no tenía la formación adecuada para hacer frente a las necesidades especiales de los alumnos. Y ante la carencia de estos, se recurre a los profesores ordinarios.
Carlo Harnau asegura que cuando empezó a aplicarse este modelo “había un gran entusiasmo, pero faltaba especialización”. Y cuatro décadas más tarde sigue ocurriendo lo mismo. “La inclusión es siempre positiva, pero hay un determinado tipo de alumno que no es capaz de imitar la conducta del resto de sus compañeros. Y para afrontarlo debes tener un grado de especialización muy alto, porque de lo contrario, la inclusión no funciona”, concluye.