En sus primeras palabras tras su liberación, Rayab ha destacado que continuará su lucha por la democracia en el país, al tiempo que ha denunciado la política de las autoridades de acosar a los activistas del país.
"No hay regateos con mi trabajo en favor de los Derechos Humanos. La lucha por la justicia y la democracia tiene que continuar", ha manifestado, antes de recalcar que "no se puede conseguir justicia sin un coste".
"Mientras hablo hay miles de personas encarceladas. Muchas de ellas son activistas que han sido acusados de terrorismo, y muchos otros activistas está fuera del país", ha dicho, en una entrevista concedida a la cadena de televisión rusa RT..
"Los activistas son el objetivo del Gobierno y las instituciones. Somos forzados a permanecer en silencio. Somos silenciados porque el Gobierno no quiere que hablemos, no quiere que critiquemos a las instituciones, que han sido responsables de múltiples violaciones de los Derechos Humanos", ha agregado Rayab.
Así, ha afirmado estar "pagando el precio por hablar, por escribir, por monitorizar las violaciones de Derechos Humanos en el país". "A lo que me enfrento es lo mismo a lo que se enfrentan cientos de activistas. Hay mucha gente en la cárcel por un 'tuit' o por críticas publicadas en diarios y en Internet", ha lamentado.
"Gracias a Dios soy más conocido que otros, pero desafortunadamente nadie conoce a todas esas otras personas. Pido a la comunidad internacional que sea consciente de las violaciones de los Derechos Humanos en este país y deje sus intereses de lado", ha solicitado.
Respecto a sus condiciones de encarcelamiento, Rayab ha asegurado haber permanecido en aislamiento, sin poder unirse a otros presos políticos. "Me han retenido lejos de otros presos, generalmente con extranjeros y trabajadores migrantes que estaban allí unas horas o uno o dos días", ha remachado.
LA FIGURA DE NABIL RAYAB
El activista, fundador del BCHR, permaneció encarcelado entre julio de 2012 y mayo de 2014 tras ser condenado a tres años por participar en tres manifestaciones en la capital, Manama, pena que fue posteriormente reducida a dos años de prisión.
Rayab había sido llamado previamente a declarar por la fiscalía en reiteradas ocasiones y permaneció detenido entre el 5 y el 28 de mayo de 2012 y de nuevo a partir del 6 de junio de ese año a causa de unas afirmaciones que hizo a través de su cuenta de Twitter en las que pidió la dimisión del primer ministro, Jalifa bin Salman al Jalifa.
El BCHR, Americanos por la Democracia y los Derechos Humanos en Bahréin (CDHRB) y el Instituto de Bahréin por los Derechos y la Democracia (BIRD) han asegurado que Rayab ha sido objeto de arrestos y detenciones por su actividad en defensa de los Derechos Humanos, al tiempo que han acusado al Gobierno de intentar poner fin a sus tareas de activismo.
El emirato, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente durante los dos últimos años las protestas pro democráticas en el territorio. En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de 2011, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.
La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.
Asimismo, desde el inicio de la represión de las autoridades contra los manifestantes, ONG internacionales como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) o Reporteros Sin Fronteras (RSF) han emitido múltiples comunicados para denunciar la situación de Derechos Humanos en el país y pedir a la comunidad internacional una postura activa de presión sobre el Ejecutivo.