Tras la publicación del decreto, el Partido Socialista Democrático ha dicho que el mismo "es inaceptable" y ha acusado a Mursi de "intentar evitar que el sistema judicial haga su trabajo", según ha informado el diario egipcio 'Al Ahram'. "Estamos seguros de que las protestas se pronunciarán contra la declaración, al tiempo que mantienen sus demandas originales", ha agregado.
En este sentido, Mosaab Shahrur, miembro del Movimiento Joven 6 de Abril, ha destacado que "el poder movilizar de las protestas será doble" ya que "los manifestantes se opondrán a la idea de crear una nueva dictadura". En la misma línea se ha expresado el fundador del Frente Nacional para la Justicia y la Democracia, Mohamed Waked, quien ha indicado que el decreto aumentará las tensiones entre Hermanos Musulmanes y sus opositores.
Varios de los partidos y organizaciones que han anunciado su participación en la protesta han hecho un llamamiento a la participación masiva para expresar el rechazo de la población a la nueva declaración constitucional, al tiempo que han mantenido sus objetivos principales. La manifestación comenzará a mediodía tras los rezos del viernes en los distritos cairotas de Mohandessin, Sayyeda Zeinab y Shubra, y se unirán en la simbólica plaza Tahrir.
Entre los firmantes están el Partido Constituyente, el Partido Socialista Democrático, El Partido de los Egipcios Libres, el Partido Alianza Popular Socialista, el Partido Frente Democrático, el Partido Libertad de Egipto, la Corriente Popular Egipcia y la Asociación Nacional por el Cambio.
La declaración
Uno de los puntos más controvertidos del texto es el sexto, en el que se establece que "el presidente está autorizado para tomar cualquier medida que considere adecuada para preservar y salvaguardar la revolución, la unidad y la seguridad nacional".
Varias voces críticas con el presidente han manifestado que este artículo supone una declaración de ley marcial bajo el disfraz de un artículo parte de un decreto, al tiempo que han mostrado su preocupación ante las posibles implicaciones de una formulación tan laxa, ya que queda abierta a interpretación la forma de aplicar o las situaciones en las que aplicar el artículo.
Una de las principales fuentes de preocupación es la libertad de prensa, un asunto que ha causado varios roces en los últimos meses entre el Gobierno y la oposición ante la convocatoria ante las autoridades de varios periodistas por su trabajo bajo acusaciones de difamación, así como la confiscación de varias licencias a diversos medios críticos con Hermanos Musulmanes.
Además, en su declaración constitucional, Mursi ha decretado que la Asamblea Constitucional no podrá ser disuelta ni por el sistema judicial ni por el Consejo de la Shura (la Cámara Alta del Parlamento egipcio), y que el organismo --dominado por Hermanos Musulmanes-- contará con otros dos meses de plazo para redactar la Carta Magna del país, extendiendo el plazo de los seis a los ocho meses.
Asimismo, el sistema judicial no podrá vetar, anular ni enmendar ninguna ley, declaración o decreto emitido por Mursi desde que llegó al poder hasta que se ratifique una nueva Carta Magna y se haya elegido un nuevo Parlamento, protegiendo así sus decisiones de cualquier tipo de revisión.
"Protección de la revolución"
Por otra parte, ordena repetir los juicios a los altos cargos del régimen responsables de la represión contra los manifestantes de la revuelta que acabó con la dimisión del anterior presidente, Hosni Mubark, en febrero de 2011. El decreto implica, entre otras cuestiones, que Mubarak también volverá a ser juzgado, tras haber sido condenado a cadena perpetua el pasado mes de junio por no haber impedido las muertes de manifestantes a manos de policías en las manifestaciones que precedieron a su renuncia.
Sin embargo, quedan fuera de la revisión los crímenes cometidos por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas --órgano que se hizo con el poder tras la salida de Mubarak--, acusado por las fuerzas revolucionarias de múltiples incidentes de represión y de la muerte de centenares de manifestantes.