La demanda interpuesta indica que los vídeos grabaron "imágenes de partos por cesárea, complicaciones en el parto, dilatación y legrado para resolver abortos espontáneos, histerectomías y procedimientos de esterilización". Además, las pacientes señalaron que durante esas intervenciones fueron desvestidas, por lo que aparecen expuestas "en su forma más vulnerable".
Las cámaras se activaban con el movimiento y se encontraban en tres salas distintas de operación. El centro hospitalario argumentó que se habían instalado en 2012 con el objetivo de descubrir qué persona robaba anestesia de los quirófanos.
"Aunque las cámaras tenían la intención de registrar solo a los individuos al frente de los carros de anestesia que retiraban los medicamentos, otros, como pacientes y personal médico en las salas de operaciones, eran a veces visibles para las cámaras y quedaron grabados" ha explicado el hospital Sharp Grossmont tras la denuncia, que se presentó por primera vez hace tres años.
Este jueves el centro publicó una carta en la que pedía disculpas a las mujeres afectadas. Defiende que ellas dieron su consentimiento al firmar el acuerdo genérico de admisión de pacientes, una afirmación que niegan rotundamente los abogados de las víctimas quienes aseguran que este documento en ningún caso puede permitir que se vulneren los derechos de privacidad del paciente, tal y como recoge 'Infobae'.