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Sobre el papel, el denominado Programa de Trabajadores de Temporada (siglas en inglés, SWP), es una iniciativa de Australia en la que los empleados, generalmente ciudadanos de las Islas del Pacífico, y empresarios agrícolas salen beneficiados. En su sitio web, la organización vende dos objetivos principales: ayudar a los empleadores de los sectores de la agricultura a cubrir las carencias de empleo que no pueden ser satisfechas por la mano de obra australiana, y contribuir al desarrollo económico de los nueve países insulares del Pacífico participantes, a los que se les suma Timor Oriental. Como dicen los anglosajones, se trata de una situación “win, win”, es decir, en la que todos ganan.
Sin embargo, la práctica cuenta con algunos matices que contradicen el espíritu de este programa. No existe tal equilibrio entre patrón y temporero, y las condiciones de trabajo han sido catalogadas de “inhumanas” y más propias de la “explotación laboral”. No todos ganan y los que pierden, sacrifican mucho, incluso su vida.
Las cifras en la última década son alarmantes al haber fallecido 30 temporeros. Principalmente, en la carretera, durante el transporte a los campos de verduras y frutas o hacia sus alojamientos. También ha habido suicidios. Más de un 50 por ciento de esos fallecimientos han sucedido durante la pandemia, concretamente, 16 personas han perdido la vida en los últimos dos años. Este incremento no es casualidad.
El cierre de fronteras internacionales y estatales en Australia ha complicado las cosas por varias razones: ha habido menos movilidad para los temporeros tanto dentro como fuera del país, la falta de jóvenes mochileros con visas de trabajo-vacaciones (que generalmente van de granja en granja para costearse su viaje) ha provocado que los empresarios expriman más aún a los trabajadores isleños, incluso se han dado muchos casos en los que propietarios de granjas han realizado falsas promesas con condiciones laborales incumplidas, todo ello con unos índices de ansiedad y problemas de salud mental importantes y sin acceso sencillo a servicios sanitarios. Según la doctora Rochelle Bailey, de la Universidad Nacional de Australia, quien ha entrevistado a más de 500 trabajadores, la mayoría se encuentran en un estado de agotamiento físico y mental agravado por el Covid-19. “Muchos se quieren tomar un descanso para ver a sus familias pero no pueden por el cierre de fronteras internacionales”, argumenta la doctora.
A groso modo, el día a día de los trabajadores agrícolas que forman parte del SWP y que provienen de países como Papa Nueva Guinea, Islas Salomón, Nauru, Kiribati, Vanuatu, Fiji, Samoa o Tonga, está alejado de lo esperado en un país miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), comprometido, en teoría, con las buenas prácticas.
Los turnos son de 12 horas. Los salarios prometidos son de alrededor de 500 euros a la semana, aunque la realidad que describen algunas organizaciones es que las deducciones excesivas de los propietarios de las granjas llegan a bajar esos honorarios a 185 euros semanales. Esto incluye alrededor de 125 euros cada siete días por el alojamiento, eso es compartir un contenedor o una habitación con otras seis personas. En algunos casos, los baños y aseos están al aire libre. Entre los gastos que se deducen de los salarios también se incluye el transporte (entre 25 y 50 euros). Aquellos que se ofrecen a ser conductores están exentos de abonar esa cantidad. Éste es precisamente uno de los mayores problemas y, aunque no es la única, es una de las razones de que se hayan producido tantas muertes. Los conductores no están cualificados y se ponen al volante de autobuses antes y después de las jornadas maratonianas para transportar a sus compañeros a las granjas y de vuelta a sus alojamientos. Aunque son muchas las voces que urgen la aplicación de cursos de seguridad tanto en sus países de origen como en Australia, otros optan por que los trabajadores sean transportados por conductores locales especializados.
“Algunos empresarios tienen buenas intenciones y buenos programas de formación de conductores, pero no son la mayoría”, afirma a The Guardian, Shane Roulstone, portavoz del Sindicato de Trabajadores Australianos: “Para evitar que la tasa de mortalidad aumente aún más es necesario generalizar la formación de los conductores y establecer normas que obliguen a los empresarios a hacer frente al cansancio de los conductores. El departamento de competencias y empleo se ofreció a pagar un curso de formación de una semana, pero algunos empresarios se mostraron reacios a someter a los trabajadores a ese curso. Les saca de la línea de producción durante la mayor parte de la semana. Le he dicho al departamento que debería subvencionar los salarios como parte de la formación de habilidades, para que vayan a hacer un curso de conducción adecuado”, asegura.
Las largas horas de trabajo, los bajos salarios, la poca protección médica brindada a los temporeros y el riego de ponerse al volante sin la formación necesaria han puesto en tela de juicio este programa gubernamental que pronto podría enfrentarse a una demanda colectiva por las condiciones “inferiores e inhumanas” que genera. Según un informe del Centro de Trabajadores Migrantes llamado ‘Vivir en el limbo’, un 65 por ciento de los titulares de visados temporales han sufrido robos de sueldo, y uno de cada cuatro se ha enfrentado a otras formas de explotación laboral. Este estudio ha demostrado una fuerte conexión entre la explotación laboral y el estatus de visado temporal.
“Los trabajadores con visados temporales son víctimas de la explotación laboral porque el sistema crea barreras para denunciar las infracciones laborales. Los visados caducan antes de que puedan completarse los largos procesos judiciales”, apunta este reciente estudio.
A pesar del hermetismo del Gobierno de Australia en cuanto a los detalles de los decesos de los trabajadores isleños, se ha sabido que el último fallecimiento registrado hasta el momento de un temporero del programa SWP se quitó la vida. Para los familiares de una de las víctimas, estas muertes son las consecuencias de una de las formas de esclavismo del siglo XXI: la versión moderna del ‘blackbirding’, término en inglés que proviene de la palabra ‘mirlo’. Es así como se denominaban a los empresarios, capitanes y tripulantes que se encargaban de ‘reclutar’ a indígenas de las islas del Pacífico en los siglos XIX y XX. La técnica del ‘blackbirding’ consistía en coaccionar a las personas mediante engaños o secuestros para que trabajasen como esclavos o como mano de obra mal pagada en países alejados de su tierra natal. Australia estaba entre esos países.
Aunque esta etiqueta es exagerada hoy en día, las condiciones actuales de la relación laboral entre los ciudadanos isleños y los empresarios australianos debe dar un giro de 180 grados para que las prácticas sean acordes con los compromisos esperados de un país como Australia. En esto coinciden abogados, estadistas y observadores que son capaces de superar el hermetismo gubernamental para exponer una de las situaciones más bochornosas de la nación.