Sumaya Rajab ha apuntado que visitó a su marido en la cárcel de Jaw, donde se encuentra encarcelado, el 4 de septiembre, por primera vez en tres semanas. Durante el encuentro, Rajab comunicó a su mujer que las autoridades le habían encerrado en confinamiento y que el ambiente en su celda le sugirió que "estaría sometido a repetidos casos de torturas graves".
Además, Sumaya Rajab ha relatado que los guardas obligan al activista a sentarse y levantarse en 40 ocasiones al día y que le golpean la espalda, donde sufre una hernia de disco. Según esta versión de la situación, la celda en la que estaba Rajab no tenía luz natural o artificial y estaba llena de suciedad. Además, los guardias dejaron el cadáver de un gato, según ha informado el Centro por los Derechos Humanos de Bahréin ((BCHR).
Por otra parte, Sumaya Rajab ha confirmado que su marido no ingiere los alimentos que se le facilitan por desconfianza, y que únicamente come cereales que puede comprar en la cantina de la prisión una vez a la semana. Además, solo puede beber seis litros de agua a la semana, a pesar de que sufre cólicos renales.
En otro orden de cosas, ha asegurado que las autoridades no permitieron que estuviera junto a su marido durante el tiempo acordado de visita (una hora), y que la sacaron del centro penitenciario pasados los 25 minutos. Por último, ha pedido que Rajab sea trasladado a la cárcel en la que se encuentran el resto de prisioneros políticos, ya que es el único que permanece aislado.
Rajab fue condenado en agosto a tres años de cárcel por haber participado en protestas contra el Gobierno bahreiní, según informó su abogado, Mohamed al Jishi. Al Jishi explicó que Rajab ha sido condenado a un año de cárcel por cada manifestación en al que ha participado, hasta las tres en las que se ha demostrado que estuvo presente.
Rajab había sido llamado a declarar por la fiscalía en reiteradas ocasiones en los últimos meses y permaneció detenido entre el 5 y el 28 de mayo y de nuevo a partir del 6 de junio a causa de unas afirmaciones que hizo a través de su cuenta de Twitter en las que pidió la dimisión del primer ministro, Jalifa bin Salman Al Jalifa. Actualmente, cumplía una pena de tres meses de cárcel por las críticas en la red social.
SITUACIÓN POLÍTICA
El emirato, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente durante el último año las protestas pro democráticas en el territorio. Manama ha impuesto la ley marcial y ha pedido la entrada de tropas saudíes y emiratíes para controlar las protestas y aplastar las manifestaciones.
La oposición ha denunciado las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.
Asimismo, desde el inicio de la represión de las autoridades contra los manifestantes, ONG internacionales como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) o Reporteros Sin Fronteras(RSF) han emitido múltiples comunicados para denunciar la situación de Derechos Humanos en el país y pedir a la comunidad internacional una postura activa de presión sobre el Ejecutivo.
En los últimos meses, las autoridades del país han negado el permiso a decenas de peticiones de manifestación presentadas por el partido Wefaq. En todos los casos han alegado motivos de seguridad y han hecho referencia a la ley sobre asambleas y manifestaciones para justificar su decisión. Asimismo, el Gobierno ha argumentado en varias ocasiones que ya había dado permiso a numerosas manifestaciones durante este año, por lo que no veía motivos para seguir autorizándolas.