El presidente del comité, Fabian Salvioli, ha recordado que los acuerdos de transferencias son importantes porque permiten que los prisioneros condenados en el extranjero cumplan las penas en su país.
"Sin embargo, los estados no deben aplicar una sentencia cuando hay evidencia amplia de que el juicio violó los Derechos Humanos del acusado, como ocurrió en el caso de Hicks", ha recalcado.
Hicks estuvo en Guantánamo entre enero de 2002 y mayo de 2007, cuando se declaró culpable de dar apoyo material a terroristas en un acuerdo con el fiscal que suspendió su sentencia, a excepción de nueve meses, lo que le permitió regresa a Australia.
Según el comité, en el momento en que Hicks llegó a Australia había mucha información sobre las irregularidades de los procesos llevados a cabo en Guantánamo, recalcando que las autoridades australianas no debieron encarcelarle.
De hecho, un tribunal estadounidense revocó en febrero de 2015 la condena por terrorismo contra el ciudadano australiano, argumentando que los cargos por los que fue sentenciados no constituían un crimen de guerra en el momento de su detención.
Por ello, los expertos de la ONU han señalado que, como Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Australia "tiene la obligación de ofrecer una reparación a los individuos que hayan sufrido la violación de sus derechos".