La nueva ley permitirá castigar con dos años de prisión y una multa de 1.000 dólares (755 euros) a cualquier persona que elogie, niegue o relativice la gravedad de los crímenes cometidos durante el régimen maoísta de la llamada Kampuchea Democrática (1975-1999). Asimismo, la norma establece que las sanciones serán extensibles a la empresa o al partido a los que pertenezca el acusado, según ha informado la edición digital del diario 'Phnom Penh Post'.
Durante el régimen liderado por el dictador Pol Pot (muerto en 1998) se estima que murieron 1,7 millones de personas --una tercera parte de la población-- por ejecución, exceso de trabajo forzado, hambre o tortura.
La nueva ley ha sido redactada en una sola semana a propuesta del primer ministro, Hun Sen, y ha sido aprobada por los 86 parlamentarios del Partido Popular de Camboya y del Frente Unido Nacional por una Camboya Independiente, Neutral, Pacífica y Cooperativa (FUNCINPEC), que conforman el actual gobierno de coalición.
Durante la sesión especial del Parlamento dedicada a la ley no ha asistido ni uno solo de los legisladores de las dos formaciones de la opoisición, el Partido Sam Rainsy y el Partido de los Derechos Humanos, que han constituido recientemente un nuevo partido común, el Partido Rescate Nacional de Camboya (CNRP), y que fueron expulsados el pasado miércoles de sus escaños por la comisión permanente de la Cámara, controlada por el Partido Popular.
Precisamente, el detonante de la nueva ley han sido unas declaraciones efectuadas hace una semana por el líder del CNRP, Kem Sokha, en las que afirmó que algunos de los crímenes atribuidos a los Jemeres Rojos fueron realmente cometidos por las fuerzas vietnamitas --que en enero de 1979 invadieron el país y derrocaron al régimen de Pol Pot-- y que las denuncias sobre las atrocidades cometidas en el célebre campo de detención y torturas de Tuol Sleng (S-21) "han sido manipuladas".
Aunque la nueva ley no puede aplicarse retroactivamente, Shoka --quien posteriormente matizó sus declaraciones y aseguró que se habían sacado sus palabras de contexto-- sí podría verse afectado por la nueva norma en caso de que reiterara estas polémicas afirmaciones, según ha advertido el Partido Popular.
Otra crítica ha procedido del director para Asia de Human Rights Watch (HRW), Brad Adams, quien ha advertido de que la nueva ley tiene motivos "completamente electoralistas" y tiene como principal objetivo "intimidar y demonizar a la oposición", según ha informado la BBC.