El 39% de ayudas agrícolas no se usa para atajar problemas concretos medioambientales, según el Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha denunciado este lunes que los Estados miembros no han utilizado el 39 por ciento de las ayudas agromedioambientales europeas para atajar "problemas medioambientales concretos" y ha reconocido que "no es posible evaluar" el cumplimiento de los objetivos a cambio de las ayudas porque en muchos casos los Estados miembros no los concretan.

Las ayudas agromedioambientales representan 22.200 millones de euros entre 2007 y 2013 y están destinadas fundamentalmente para cofinanciar los programas de agrícola y de desarrollo rural de los Estados miembros. España recibirá algo más de 1.000 millones del total en este periodo.

El responsable del informe '¿Están bien diseñadas y gestionadas la política de apoyo agromedioambiental de la UE?', Olavi Ala-Nissila, ha lamentado que en términos generales los objetivos son "demasiado débiles" y "no es posible evaluar hasta qué punto se han alcanzado". El informe se ha elaborado en base a los resultados obtenidos durante tres visitas a ocho Estados miembros, incluido España, de representantes del Tribunal de Cuentas y someter a análisis 200 contratos que recibieron ayudas.

"Tenemos que evitar que el dinero no se gaste bien. El dinero se podría utilizar de manera alternativa, para abordar las necesidades más específicas", ha explicado Ala-Nissila, que ha reconocido que se han detectado toda una serie de "problemas considerables" a la hora de calcular las ayudas recibidas y que en términos generales los Estados miembros no centran las ayudas recibidas en atajar "problemas medioambientales concretos" en el "grado deseable".

El responsable de Auditoría en materia de desarrollo rural del tribunal, Robert Markus, ha insistido en que "evaluar si se alcanzan los objetivos es problemático" porque "son muy vagos" y porque resulta "difícil encontrar el vínculo entre el problema medioambiental y las medidas" impulsadas para subsanarlo bien porque no se especifica ningún problema o por que no se han elaborado acciones para resolverlo. "En el 24 por ciento de los casos la relación no podía demostrarse", ha explicado.

"Una de las principales debilidades es que las ayudas no están dirigidas a necesidades medioambientales específicas. Más del 90 por ciento de las ayudas se dan en base a la premisa de que el primero que llega, primero servido, sin aplicar criterios de selección. Sólo en el 10 por ciento del gasto de los Estados miembros se aplicaron criterios de selección", ha lamentado Markus.

Asimismo, ha lamentado que las ayudas "no dependen de factores medioambientales", que la Comisión dé "lo mismo" para todos los Estados miembros con la excepción de las regiones de convergencia, que reciben "más" y la falta de potenciación de los contratos colectivos, en ocasiones "clave" para el "éxito" de programas. También ha criticado que las ayudas no tengan en cuenta las especificidades regionales tras recordar por ejemplo que "las zonas de irrigación están sobrecompensadas y las zonas no irrigadas están infracompensadas".

MEJORAR NIVELES DE FINANCIACIÓN

En este sentido, ha reclamado "una mejora en los niveles de ayuda" otorgados tras advertir de que "si se paga mucho la ayuda no se usa eficazmente" y también ha criticado que a los agricultores en ocasiones "se les compensa por algo que ya hacen", como en el caso de los agricultores franceses para que reduzcan el nivel de nitratos.

Como ejemplo de compensaciones por actividades que los agricultores realizan de forma normal, el informe señala el caso de apicultores en Andalucía que reciben una compensación por inscribir sus actividades en un registro, algo que hacen de todas maneras, lo cual "se solapa considerablemente" con los requisitos de registro ya existentes. En uno de los proyectos visitados el apicultor había recibido 1.770 euros por dicho registro, en realidad escasas líneas de anotación.

Markus ha denunciado que en "muchos" Estados miembros se encuentran deficiencias en los datos que presentan a la Comisión sobre las ayudas y proyectos impulsados bien porque omiten información o porque aporten información insignificante y presentan "muy poca información sobre los beneficios medioambientales" logrados. "Hay casos en que la información no es fiable", ha explicado.

RECOMENDACIONES

Entre sus principales recomendaciones, el Tribunal de Cuentas Europeo defiende que las ayudas europeas se centren en objetivos medioambientales "más concretos", que la Comisión Europea "divida" las ayudas de manera que aquellas iniciativas en beneficio del medioambiente "más exigentes" que impulsen los agricultores reciban "un nivel de ayudas mayor", mientras que las simples -reducir niveles de nitrato en el suelo por ejemplo o no utilizar fertilizantes-- reciban "un nivel de ayuda bajo" y que se apoye la producción "orgánica". También recomienda que los Estados miembros recopilen información relevante para "supervisar" el cumplimiento de los objetivos.

Ala-Nissila ha reconocido que el compromiso de la Comisión Europea de "mejorar" las ayudas a partir de 2014 para preservar el medioambiente y condicionar el pago de "todas"las ayudas directas a los agricultores al cumplimiento de medidas medioambientales parece indicar que "está dispuesta a asumir algunas de las recomendaciones" del tribunal. También ha insistido en la necesidad de lograr que la agricultura orgánica y los contratos colectivos sean "más atractivos".

El portavoz de Agricultura de la Comisión Europea, Roger Waites, ha reforzado que Bruselas ya ha dejado claro que la futura reforma de la Política Agrícola Común a partir de 2014 se centrará "mucho más" en "políticas orientadas a los resultados". "En los programas de desarrollo rural veremos elementos más claros vinculados con los objetivos y esperamos que esto sea suficiente para resolver una serie de cuestiones que ha señalado el Tribunal de Cuentas", ha explicado.