Se trata de establecer normas mínimas comunes y completar el marco legal de la Carta de Derechos Fundamentales y del Convenio europeo de Derechos Humanos, además de contribuir a fortalecer la "confianza mutua" entre las autoridades judiciales de los Estados miembros y a facilitar el reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal.
"Aún hoy existen disparidades en la protección de la presunción de inocencia en la UE, las nuevas normas garantizarán que las autoridades policiales y judiciales respetan los derechos fundamentales de los ciudadanos", ha valorado la comisaria de Justicia, Vera Jourova, tras la adopción de la medida en un consejo de ministros de la UE.
Las nuevas normas prohíben a las autoridades públicas y judiciales hacer cualquier referencia pública a la culpabilidad de un sospechoso antes de que sea condenado y se establece una definición común de lo que es la presunción de inocencia.
También dejan claro que el "peso de la prueba" para demostrar la implicación en un delito de un sospechoso recae en la acusación y no es el acusado el que debe aportar pruebas que acrediten su inocencia.
Además se reconoce el derecho en toda la UE a guardar silencio y a no inculparse en un delito. Los Estados miembros tendrán ahora un plazo de dos años a partir de la publicación de la directiva para trasladarla a la legislación nacional.