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Los dos últimos sancionados por EEUU, Luis Motta Dominguez y Eustiquio José Lugo, exministro de Energía Eléctrica y exviceministro de Finanzas, Inversión y Alianzas Estratégicas respectivamente, podrían parecer unas sanciones de categoría menor si no se tiene en cuenta la importancia de estos personajes en su histórico chavista y la relevancia de las carteras que ocuparon, especialmente en el caso de Motta Dominguez, al mando del sistema eléctrico nacional entre 2015 y 2019. Lugo, de perfil más bajo, era su mano derecha; y ambos militares de alto rango que han ocupado cargos de mayor o menor importancia durante las décadas del chavismo.
El Secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, anunció la prohibición de la entrada al país norteamericano de estos dos sujetos y de sus familiares más directos. La medida llega poco más de un año después de que la Fiscalía Sur de Florida acusara (el 27/06/2019) a los dos exfuncionarios de otorgar a tres compañías con sede en ese estado americano más de 60 millones de dólares en contratos de adquisición con Corpoelec a cambio de sobornos que les fueron pagados para su propio beneficio.
Corpoelec (Corporación Eléctrica Nacional) fue creada por el gobierno de Hugo Chávez mediante decreto presidencial en julio de 2007. En la práctica, la creación de Corpoelec fue la nacionalización de la empresa privada Electricidad de Caracas, y a partir de ahí comenzaron los problemas del servicio en Venezuela, que actualmente se encuentra en uno de los peores momentos de su historia, con apagones constantes de luz y zonas del país que pasan hasta 48 horas seguidas sin electricidad.
Por lo tanto, el currículum judicial de estos dos militares chavistas de algo rango no comienza ahora. En aquel momento, junio de 2019, Motta Dominguez y José Lugo fueron acusados por EEUU por “corrupción significativa y fraude en detrimento del pueblo venezolano”, y en aquel momento ya se les congelaron todos sus bienes y activos que pudieran tener en el país norteamericano y se prohibió a las empresas estadounidenses hacer negocios con ellos.
La teoría de corrupción en su contra se agravó notablemente con la aparición en escena de dos empresarios venezolanos: Jesús Ramón Veroes y Luis Alberto Chacín Haddad, ambos con empresas en Miami que se han declarado culpables ante una jueza federal en Florida por haber pagado sobornos a los dos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro a cambio de contratos millonarios para comprar equipamientos que según el propio Departamento del Tesoro eran “incompatibles” con la red eléctrica venezolana, “lo que les hacía inútiles y contribuían al deterioro continuo del sistema”.
Actualmente, el 92,2% de los venezolanos se ven afectados por las constantes interrupciones en el sistema eléctrico del país según una encuesta realizada por la Comisión de Expertos de la Salud de la Asamblea Nacional presentada el pasado mes de junio. En su informe, la Comisión asegura que entre los años 2010 y 2013, cuando Hugo Chávez todavía estaba en el poder, se destinaron desde las arcas públicas más de 120 mil millones de dólares para proyectos de electricidad y sin embargo, el servicio ha empeorado notablemente año tras año hasta llegar a una situación insostenible.
El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVS) en su último estudio indicó que durante los meses de abril y mayo de 2020, un total del 40,3% de los encuestados indicó tener cortes eléctricos a diario; y de todos ellos, un 23% dijo que los cortes se produjeron varias veces al día.
Por su parte, y según un comunicado del Departamento del Tesoro de EEUU, solo en 2020, “los venezolanos han sufrido más de 23.860 interrupciones en el servicio eléctrico debido a la corrupción y la mala administración de régimen de Nicolás Maduro y de las personas que le rodean. La corrupción (de Motta y Lugo) contribuyó directamente en el deterioro y el colapso del sistema eléctrico de Venezuela”. Motta Domínguez fue el ministro a cargo de los famosos apagones nacionales que tuvieron lugar entre marzo y mayo de 2019. El primero de ellos comenzó el 7 de marzo de ese año y en algunos puntos del país, incluida la capital, Caracas, la electricidad no se restauró hasta cinco días después.
Fue una crisis sin precedentes que también afectó a la red de telecomunicaciones de Venezuela provocando que durante varios días de horas interminables el país caribeño se convirtiese en un agujero negro para el mundo, donde nadie sabía a ciencia cierta qué estaba pasando porque los que estaban sufriendo el apagón dentro de sus fronteras apenas podían comunicarse, ya no solo con el resto del planeta, sino tampoco con sus propios familiares o amigos ubicados en otras zonas de la ciudad: las baterías de los teléfonos inteligentes u ordenadores murieron sin posibilidad de recarga, y las llamadas de teléfono tradicionales no funcionaron durante aquellos días aciagos de incertidumbre absoluta.
El servicio de internet, por supuesto, ya de por sí uno de los más deficitarios del continente latinoamericano, sufrió fallas graves como consecuencia de la falta de electricidad. La sensación durante aquellos días fue la de retroceder varios siglos atrás en el tiempo sin saber cuánto duraría la situación y con los consecuentes efectos colaterales de la falta de luz como por ejemplo, la consiguiente falta de agua, porque en la mayoría de las ciudades venezolanas el sistema de agua corriente funciona a través de bombas eléctricas que impulsan su llegada.
En aquel momento, tanto el exministro Motta como Nicolás Maduro achacaron el grave incidente a un sabotaje contra Venezuela por parte de EEUU en un periodo de alta conflictividad social en las calles y con el líder opositor Juan Guaidó en el punto álgido de su popularidad. Maduro habló de un “ataque electromagnético” contra la central hidroeléctrica del Guri, fuente del 80% de la energía eléctrica de todo el país.
No es la primera vez que el gobierno chavista y que el propio Motta Domínguez hablan de sabotajes por parte de EEUU cuando existen fallas de luz que ponen a oscuras al país entero; o que ponen excusas consideradas inverosímiles para los expertos. En 2018, el exministro ya dijo que los apagones eran responsabilidad de “la madre naturaleza” por los supuestos bajos niveles de agua en los embalses. También dijo que “una vara de bambú se usó para sabotear la electricidad”.
Sin embargo, quizá la excusa más rocambolesca de estos años de nacionalización chavista la utilizó en 2011 el entonces ministro Alí Rodriguez Araque, cuando señaló que una iguana se había comido unos cables de la central del Guri para explicar otro apagón memorable de aquel año. La sorna de la iguana comecables continúa siendo carne de meme en Venezuela, y no es para menos.
A la pregunta de porqué estas sanciones contra los dos exfuncionarios, Motta Domínguez y Eustiquio José Lugo Gómez, llegan justo ahora, responde el politólogo venezolano en entrevista con Nius, Oswaldo Ramírez.
“Aparte de que su proceso judicial en EEUU está abierto en un juzgado de Florida que dictaminará sentencia el próximo mes de septiembre por las sanciones que ya se les impusieron el año pasado en torno a la trama de sobornos y contratos inflados multimillonarios; el gobierno de Donald Trump quiere mantener una presión constante contra el gobierno de Venezuela para debilitarlo”, asegura.
El experto añade que “las sanciones no sirven para sacar al gobierno; sirven para acorralarlo y hacer más difícil a sus jerarcas su situación personal y familiar”.
Para el politólogo, la política de sanciones de EEUU contra Venezuela continuará por las elecciones presidenciales previstas para el próximo mes de noviembre en este país. Mano dura contra el país caribeño son votos a favor para un Donald Trump pidiendo el retraso de unos comicios en el peor momento de popularidad de su gestión como consecuencia de la pandemia por el coronavirus.
De los 184 funcionarios venezolanos que hasta abril de este año ha sancionado EEUU, 52 son militares, lo que supone casi el 30% del total, y la mayoría son de alto rango, como es el caso de los dos últimos que nos ocupan.
Para Luis Salamanca, abogado y doctor en ciencias políticas, “Maduro tuvo que acentuar el carácter militar de su gobierno porque él no tenía el apoyo de este sector como sí lo tenía Hugo Chávez, que venía de ese mundo y era un militar destacado”, sostiene en declaraciones a este diario.
“Chávez deja una estructura de poder donde los militares gozan de altos privilegios y Maduro tuvo que aprender a cultivar esa relación. Lo hizo a costa de crear espacios económicos para ellos, como la exclusiva de la importación de productos agrícolas en detrimento de la producción nacional, y de poner en manos de militares varios sectores estratégicos. Por eso nombró a Motta Domínguez ministro de Energía Eléctrica y a José Lugo su viceministro”.
El propio Eustiquio José Lugo (General de Brigada de la Guardia Nacional Bolivariana) fue detenido en enero de este año por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) por extorsionar a un empresario que fabricaba sables para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y réplicas de la espada de Simón Bolívar.
Para Salamanca, “la ineficiencia, la corrupción, la estatización forzada y el abandono de la infraestructura eléctrica son los factores que terminaron minando la actividad”. “Mientras tanto”, añade, “Nicolás Maduro está viviendo estos meses y las sanciones de EEUU como una etapa para consolidar su dictadura. Esa consolidación llegará el próximo 6 de diciembre con unas elecciones parlamentarias hechas a su medida a las que la oposición mayoritaria no se va a presentar”.