El tribunal integrado por tres jueces señaló en Boise, capital del estado, que el entonces secretario de Justicia, John Ashcroft, podría ser procesado judicialmente por al menos uno de los hombres arrestados bajo sospechas que resultaron infundadas.
El trato dado a los detenidos fue "repugnante para la Constitución y un doloroso recordatorio de algunos de los capítulos más ignominiosos de nuestra historia nacional", apuntó el tribunal.
Añadió que Abadullá al-Kidd, un ciudadano estadounidense y estudiante de la universidad de Idaho, podría demandar a Ashcroft por la violación de sus derechos constitucionales.
El hombre fue arrestado en 2003 en el aeropuerto internacional de Dulles, en el vecino estado de Virginia, y se le mantuvo confinado durante varias semanas en el marco de una ley que permite la detención indefinida de testigos materiales de un crimen.
Según manifestó al-Kidd en su denuncia presentada en 2005, la detención no solo le provocó la pérdida de una beca para estudiar en Arabia Saudí, sino también pérdidas de empleo y el fin de su matrimonio.
El hombre, quien nunca fue acusado de un delito, añadió que su arresto fue el ejemplo de una política creada por Ashcroft para arrestar a algunas personas, especialmente musulmanes o de origen árabe, bajo alguna sospecha, aunque no existiera ninguna prueba.
Ashcroft había pedido que no se diera lugar a la denuncia porque, afirmó, su cargo en el Departamento de Justicia le otorgaba inmunidad.
Según Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que representó a al-Kidd en el caso, calificó como "enormemente importante" el dictamen porque "ningún funcionario, incluyendo el secretario de Justicia de EE.UU., puede ser inmune si adopta y aplica una ley inconstitucional".
En 2005 un informe de Human Rights Watch y de ACLU indicó que más de 60 personas fueron arrestadas como testigos materiales después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
El caso volverá ahora a un tribunal federal para una serie de audiencias que podrían involucrar una investigación de las políticas antiterroristas del Gobierno anterior.
"Esperamos que ahora podamos empezar el proceso de poner al descubierto la extensión de esta política ilegal", dijo Gelernt