La ONG Human Rights Watch (HRW) ha instado este lunes a Estados Unidos y a los Gobiernos europeos a "dejar de mirar para otro lado ante los abusos del Gobierno egipcio". La organización también ha acusado en un comunicado al presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, de haber cometido un "abuso flagrante contra los Derechos Humanos" desde que tomó el poder hace un año, después de haber prometido restaurar la estabilidad en el país.
La ONG ha denunciado el aumento de episodios violentos perpetrados por grupos armados y por el Gobierno, entre los que ha citado "la falta de responsabilidad tras la muerte de varios manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, detenciones en masa, juicios militares a civiles, cientos de sentencias de muerte y el desalojo forzado de miles de familias en la península del Sinaí".
HRW ha denunciado la pérdida de los "logros en materia de DDHH que se alcanzaron tras el levantamiento que expulsó del poder a Hosni Mubarak", denunciando que Al Sisi y su gabinete "han otorgado casi inmunidad total a los abusos perpetrados por las fuerzas de seguridad".
"El Gobierno de Al Sisi está actuando como si para restaurar la estabilidad en Egipto necesitara una dosis de represión que no ha sido vista en décadas, pero su tratamiento está matando al paciente", ha afirmado el director de HRW para Oriente Próximo y el norte de África, Joe Stork. "Lo peor es que las potencias occidentales que subordinaron los Derechos Humanos con Egipto durante la era Mubarak, parecen dispuestas a repetir su error", ha apuntado Stork.
Ningún miembro de las fuerzas de seguridad ha rendido cuentas por los asesinatos en masa de manifestantes que siguieron al golpe militar de julio de 2013 contra el presidente Mohamed Mursi, el primer presidente egipcio democráticamente electo, golpe que Al Sisi organizó siendo jefe del Ejército. El golpe se cobró la vida de al menos 900 personas en un sólo día, el 13 de agosto, durante la realización de operaciones de seguridad para despejar los lugares de protesta en El Cairo.
"Estos asesinatos podrían considerarse probablemente como crímenes contra la humanidad", ha asegurado HRW. Sin embargo, una comisión del Gobierno que se ocupó de investigar los eventos relacionados con el golpe contra Mursi publicó un sumario de sus investigaciones en noviembre de 2014. El texto no aconsejaba llevar a cabo ninguna investigación sobre los asesinatos en masa y el fiscal general de Egipto nunca ha anunciado una investigación independiente.
Los ataques perpetrados por grupos insurgentes se incrementaron en la gobernación de Sinaí del Norte inmediatamente después de la destitución de Mursi. Este tipo de ataques, las detenciones realizadas por el Gobierno y los niveles de violencia han aumentado bruscamente desde el ataque en octubre de 2014 a una base de la región, según ha informado HRW. El Gobierno ha respondido despejando una zona neutral en la frontera con la Franja de Gaza, procesando a miles de civiles en juicios militares y arrestando a los disidentes.
DETERIORO DE LOS DDHH
En su informe anual, lanzado en mayo de 2015, el Consejo Nacional para los Derechos Humanos (NCHR, por sus siglas en inglés) afirmó que "el derecho a la vida" ha sufrido un "deterioro horrible" en 2013 y 2014. El informe afirmó que la violencia se saldó con alrededor de 2.600 muertes desde la destitución de Mursi, incluyendo a 700 miembros del personal de seguridad, 1.250 seguidores de los Hermanos Musulmanes --el partido de Mursi-- y otros 550 civiles.
HRW ha afirmado que, desde que Al Sisi llegó al poder, "las autoridades han impuesto de forma agresiva una prohibición de facto de las manifestaciones y han dispersado por la fuerza de forma rutinaria las protestas contra el Gobierno".
En enero de 2015, al menos 20 personas murieron durante los eventos del cuarto aniversario del levantamiento de 2011. Los fiscales acusaron a un miembro de las Fuerzas Centrales de Seguridad (CSF, por sus siglas en inglés) por la muerte el 24 de enero de una activista de izquierdas, pero también acusaron a las diecisiete personas que presenciaron su muerte por violar la ley antiprotesta.
En febrero, al menos 19 aficionados de fútbol murieron en una avalancha en un estadio a las afueras de El Cairo después de que la Policía usara gas lacrimógeno contra una multitud de cientos de personas que hacían cola para pasar a través de un pasillo de metal cerrado. Los fiscales acusaron a miembros del club de fans de uno de los equipos y a supuestos miembros de los Hermanos Musulmanes de haber provocado la estampida, pero no a los agentes de Policía.
Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la situación política de Egipto que fue publicado en mayo de 2015 afirmó la existencia de "una serie de iniciativas ejecutivas, nuevas leyes y acciones judiciales" que restringían "severamente la libertad de expresión y prensa, la libertad de asociación, la libertad de reunión y el juicio justo", lo cual "socava la perspectiva de la gobernabilidad democrática". Sin embargo, el presidente Barack Obama reanudó en marzo el suministro de equipamiento militar a Egipto y anunció que la ayuda militar continuaría, aunque con cambios políticos que eliminarían la capacidad de Egipto para comprar a plazos este tipo de equipamiento y que redefinirían los usos de dicha ayuda, ha recordado HRW.
Human Rights Watch ha afirmado que "la Unión Europea y sus veintiocho Estados miembros han fallado en su intento por establecer una respuesta colectiva y firme a la represión de la disidencia en Egipto y al encarcelamiento de periodistas críticos, activistas y opositores políticos tras juicios injustos".
REACCIÓN DE EEUU Y LA UE
La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, ha expresado su tristeza por los cientos de sentencias de muerte y ha señalado que el veredicto preliminar de la sentencia de muerte de Mursi no se realizó "en línea con las obligaciones contraídas por Egipto en virtud del derecho internacional". Sin embargo, HRW ha afirmado que Mogherini "no ha insistido en la liberación de los que están cancelados de forma injusta".
HRW ha denunciado que cuando Mogherini asistió a una conferencia económica en la ciudad egipcia de Sharm al Sheikh "dijo que su visita era una señal del 'continuo apoyo' de la UE a Egipto y guardó silencio sobre los enormes abusos del Gobierno".
La ONG ha instado a Estados Unidos y a la UE a presionar a Al Sisi y sus asesores a retirar las "numerosas leyes represivas aprobadas en los dos últimos años y liberar a las personas injustamente detenidas por el ejercicio de sus Derechos Humanos". "El continuo silencio de Estados Unidos y de Europa legitima la lógica errónea de Al Sisi de que la represión del Estado sobre sus propios ciudadanos dará el paso a una situación de estabilidad", ha afirmado Stork.