Los abogados de las familias han aplaudido el anuncio del Gobierno, afirmando que "este gesto era esperado desde hace mucho tiempo por unas familias que habían perdido la esperanza", según ha recogido el diario sudafricano 'Sowetan'.
La Policía mató a tiros a 34 mineros durante las protestas, argumentando que actuó en defensa propia. La matanza es el incidente más grave en Sudáfrica desde el fin del Apartheid, y desató las críticas contra las mineras, los sindicatos, la Policía y el gobernante Congreso Nacional Africano (ANC).
La comisión que se encargó de investigar la matanza recomendó en junio abrir una investigación penal contra las fuerzas de seguridad, hablando de la existencia de "un plan defectuoso" de las autoridades.
Así, indicó que los policías pretendían cercar a los manifestantes con alambre de espino para desarmarlos pero "dada la gran afluencia de personas debían haber previsto que la situación de saldría fuera de control".
En lo tocante a los demás implicados, la comisión determinó que ni la empresa británica Lonmin --que explota el yacimiento-- ni los dos sindicatos mineros --AMCU y NUM-- hicieron lo suficiente para rebajar la escalada de tensión.
Sobre los manifestantes, el informe señaló que algunos de ellos llevaban "armas peligrosas a reuniones públicas", por lo que ha pidió que también se investiguen estos hechos.