Bensouda ha explicado en un comunicado que "el Estado Islámico es una organización militar y política dirigida por nacionales de Irak y Siria", países que no forman parte del Estatuto de Roma --tratado fundacional del TPI-- y, por tanto, sobre los que La Haya no tiene jurisdicción territorial.
La jurista gambiana ha indicado que, de esta forma, su alcance se limita a los miles de combatientes extranjeros que engordan las filas del Estado Islámico, algunos de los cuales "han publicado sus atrocidades en las redes sociales".
"Bajo el Estatuto de Roma, el TPI puede ejercer la jurisdicción personal sobre los nacionales de estados miembro, incluso cuando no hay jurisdicción territorial", como en el caso de Irak y Siria, ha apuntado Bensouda.
A pesar de las dificultades en esta investigación previa, que arrancó el pasado verano, se ha mostrado segura de que "las atrocidades (cometidas por el Estado Islámico) constituyen indudablemente graves crímenes que amenazan la paz y la seguridad internacionales, así como el bienestar de la región".
Entre las denuncias llegadas a La Haya ha mencionado "ejecuciones masivas, esclavitud sexual, mutilaciones, torturas y reclutamiento de niños y persecución de las minorías étnicas y religiosas, por no mencionar la destrucción cultural".
Por ello, aunque "la base jurisdiccional para abrir una investigación preliminar es escasa en estos momentos", ha reiterado su "compromiso y sentido de urgencia" para identificar otras posibles vías de actuación contra estos crímenes.
"Sigo profundamente preocupada por esta situación y quiero enfatizar nuestro deber colectivo, como comunidad internacional, de responder al ruego de las víctimas cuyos derechos y dignidad están siendo violados", ha subrayado.
"El Estado Islámico sigue extendiendo el terror a gran escala en los territorios ocupados y los horribles crímenes que han removido profundamente la conciencia de la Humanidad no deben quedar impunes", ha destacado.