El hombre, identificado por sus iniciales, K.S., ha sido sentenciado por colaborar con un enemigo, en violación del Código Penal Revolucionario de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).
El Centro Palestino por los Derechos Humanos sostiene que este código "es inconstitucional, ya que no ha sido presentado ni aprobado por el Parlamento palestino", motivo por el que ha reclamado en numerosas ocasiones su abolición.
En mayo, otros dos gazacíes fueron condenados a penas de cárcel por colaborar con Israel. Uno de ellos recibió una sentencia a 15 años, mientras que el segundo fue sentenciado a once años.
La legislación palestina contempla la pena de muerte por colaboracionismo con Israel, si bien las órdenes de ejecución han de ser aprobadas por el presidente. Sin embargo, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) no reconoce la autoridad de Mahmud Abbas, cuyo mandato terminó en 2009, sin que se hayan celebrado elecciones desde entonces.
La separación administrativa y territorial de Cisjordania y la Franja de Gaza se produjo en 2007 tras la victoria de Hamás en las elecciones legislativas de 2006.
La victoria del movimiento islamista en los comicios, valorados como justos por lo observadores electorales internacionales, provocó que la comunidad internacional cortara sus ayudas a las autoridades palestinas.
Esto abocó a Al Fatá y a Hamás a unos enfrentamientos que finalizaron con la separación territorial y administrativa de los territorios palestinos. Desde entonces, Al Fatá controla Cisjordania --a pesar de no haberse hecho con la victoria en las elecciones-- y Hamás está al frente de la Franja.
Pese a que ambas facciones han firmado un acuerdo para establecer un Gobierno de unidad, la formación islamista sigue controlando 'de facto' el enclave palestino, en medio del estancamiento en la aplicación de las cláusulas del pacto.