Las detenciones tuvieron lugar el 8 de noviembre de 2010, cuando fuerzas de seguridad marroquíes desmantelaron un campamento de protesta levantado por los saharauis un mes antes en Gdeim Izik, en Sáhara Occidental bajo control marroquí.
Los disturbios se saldaron con once miembros de las fuerzas de seguridad y dos civiles muertos en el campamento y en la ciudad de El Aaiún y con la detención de cientos de saharauis, de los que fueron liberados todos menos 22.
Los 22 hombres fueron juzgados por un tribunal militar y condenados el 17 de febrero de 2013 por formar una "banda criminal" y por participar en la violencia contra las fuerzas de seguridad, que se tradujo en "muerte con intención". Las organizaciones exigen que los hombres sean juzgados por un tribunal civil que respete el Derecho Humanitario.
El tribunal militar que les juzgó se basó únicamente en las declaraciones de los acusados, sin investigar las alegaciones de los demandados de que la policía los había torturado para que firmaran declaraciones falsas. La directora de Oriente Medio y Norte de África para HRW, Sarah Leah Whitson, ha afirmado que es necesario que se haga justicia con las víctimas pero que no se puede basar esa justicia "en confesiones presuntamente obtenidas bajo coacción o tortura".
Varios documentos demuestran que la mayoría de los acusados denunciaron al inicio del proceso judicial que la policía los había torturado y coaccionado para que firmaran declaraciones falsas. Varios alegaron ante el juez de instrucción que la Policía ni siquiera les permitió que leyeran sus propias declaraciones antes de firmarlas, y que no descubrieron lo que contenían hasta más tarde.
Una vez comenzado el proceso, todos los acusados negaron los cargos. El juez mantuvo abierto el juicio pero no ordenó ninguna investigación sobre las denuncias. Por su parte, la defensa solicitó pruebas de ADN para comprobar si las armas estaban relacionadas con los acusados y que declararan los agentes de la policía que grabaron las "confesiones" de los acusados, pero sus peticiones fueron rechazadas por el tribunal.
"Marruecos dio el paso positivo este año de poner fin a los juicios militares para los civiles. Ahora tiene que hacer justicia para estos prisioneros a largo plazo injustamente condenados en un tribunal militar poco antes de que entrara en vigor la nueva ley", ha valorado Said Boumedouha, subdirector para Oriente Próximo y Norte de África de Amnistía Internacional.
En caso de que las autoridades les vuelvan a juzgar y determinen que han sido víctimas de un error judicial, los acusados, que actualmente están en la prisión de Salé, a 1.200 kilómetros de sus familias, serán indemnizados por el Estado marroquí.
CUATRO DÉCADAS DE CONFLICTO
El miércoles, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, instó a Marruecos y al Frente Polisario a poner fin al conflicto en Sáhara Occidental.
"Mi enviado personal, Christopher Ross, ha intensificado sus esfuerzos para facilitar la entrada de ambas partes a las negociaciones, sin condiciones previas y de buena fe", declaró Ban Ki Moon. "Hay que facilitar la puesta en marcha de nuevas negociaciones durante los próximos meses", añadió.
Marruecos reclama una parte del desierto rica en recursos naturales y el Frente Polisario busca la independencia total de Sáhara Occidental. La misión de la ONU es facilitar un referéndum sobre el futuro político de Sáhara Occidental.
Marruecos tomó el control de la mayoría del Sáhara Occidental en 1975 cuando España retiró sus colonias, lo que provocó que el Frente Polisario iniciara una guerra de guerrillas que duró hasta 1991, cuando la ONU negoció un alto el fuego y envió fuerzas de paz, aunque el conflicto continúa.