Así se ha puesto de manifiesto esta semana en una jornada sobre Terrorismo Internacional organizada por la UNED y en la que han participado agentes del Grupo de Análisis de Terrorismo Trasnacional de la Guardia Civil, que han alertado del peligro que suponen esos terroristas, a los que llaman los "radicales libres".
El atentado frustrado del vuelo a Detroit del pasado día de Navidad y la masacre de Fort Hood (Texas), en el que un único terrorista asesinó a tiros a 13 soldados, ha encendido todas las alarmas de los servicios antiterroristas ante el arma más letal e imprevisible de Al Qaeda, el "yihadista solitario".
El "radical libre" se autofinancia, y al igual que las pequeñas células islamistas que se han desmantelado en los últimos años en España, puede dedicarse a la pequeña delincuencia, como robos, hurtos o "trapicheo" de droga para conseguir recursos económicos.
La "forja" del "yihadista solitario", la "universidad de Al Qaeda" no son los campos de entrenamiento de Afganistán, Pakistán o el Sahel, sino el omnipresente internet, espacio donde se radicaliza, se empapa de la "yihad" y recibe formación sobre métodos terroristas.
Al Qaeda y sus franquicias cuentan con una tupida red de páginas web y foros en los que no sólo se fomenta la yihad y se recogen fondos destinados a la lucha contra los infieles, sino que también se ofrece un extenso catálogo de manuales y vídeos en los que se explica con detalle cómo construir cinturones de explosivos, artefactos improvisados o "bombas sucias".
La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Janet Napolitano, resume en una sola frase la actual situación: "Al Qaeda dedica sus mejores cerebros para violar nuestros sistemas de seguridad y por eso debemos estar a la altura".
En su intervención ante la Cumbre Informal de Ministros de Justicia y de Interior de la UE celebrada el pasado mes de enero en Toledo, Napolitano alertó de la constante innovación de los métodos de Al Qaeda, que ya está ensayando con explosivos líquidos que se pueden ingerir o con pequeños artefactos que se introducen en el ano a modo de supositorios.
De ahí, según EEUU, la conveniencia de instalar escáneres corporales u otros tipos de sistemas de detección de explosivos y armas en los aeropuertos y de intercambiar toda la información disponible sobre los pasajeros sospechosos ante un riesgo que es "global".
También los expertos españoles piensan que la amenaza de los terroristas suicidas que actúan en solitario, tristemente conocidos en Irak o Pakistán, pende ahora sobre los países occidentales, donde reside una extensa colonia de ciudadanos que profesan el islám.
Inmigrantes de segunda generación a los que golpea especialmente la crisis y el paro y que, según los agentes especializados en el terrorismo islamista, pueden ser "presa fácil" del adoctrinamiento radical, que aprovecha las dificultades económicas para "culpar" de los problemas a la falta de integración en los países de acogida.
Atención especial merece España, la Al Andalus de los islamistas, que han convertido este nombre en la "imagen de marca" del aparato de propaganda de Al Qaeda para el Magreb Islámico (AQMI), a la que se atribuye el secuestro de tres españoles en Mauritania.
La obsesión por Al Andalus es antigua en el imaginario islamista radical, aunque los recientes y reiterados mensajes de distintos dirigentes de Al Qaeda suponen para los expertos un "plus de amenaza" para España, más relevante aún que la participación en la guerra de Irak o el envío de tropas a Afganistán.
De ello son plenamente conscientes los servicios antiterroristas, que abogan por mejorar el intercambio de información entre Europa y Estados Unidos y profundizar en las medidas de seguridad de las infraestructuras críticas, como los medios de transporte o el sector de la energía.
Precisamente ahora, el Gobierno español está ultimando un real decreto de desarrollo del Plan de Protección de las Infraestructuras Críticas, en el que se quiere involucrar también a las empresas de seguridad privada.
Un plan que se articula en consonancia con la Estrategia de Seguridad Interior de la UE, que pretende implicar a todos los actores: Fuerzas de Seguridad, jueces y fiscales y sociedad civil.