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El Gobierno quiere aislar en hoteles o instalaciones deportivas habilitadas a los positivos por coronavirus que sean asintomáticos. La medida llega casi dos meses después del primer fallecido en España por COVID-19, un ciudadano valenciano que murió el 13 de febrero por una supuesta neumonía severa tras un viaje al Nepal pero cuya autopsia certificó días después que el SARS-Cov 2 era el responsable de sus problemas pulmonares.
Valencia, Andalucía y Madrid han sido las primeras comunidades autónomas en responder a la petición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el pasado sábado lanzó una llamamiento a los gobiernos autonómicos para que trasladasen a los responsables de la lucha contra el coronavirus un listado con aquellas infraestructuras con capacidad para poder alojar a contagiados por el coronavirus pero que están asintomáticos, con el fin de evitar que puedan contagiar a otras personas.
La petición no ha pillado desprevenidos a los responsables autonómicas. La mayor parte de ellas ya trabajan con esta posibilidad. Es el caso de las citadas anteriormente. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ya ha respondido que este lunes remite la información solicitada --aunque se ha dado un plazo hasta el viernes-- porque la Comunitat "hace tiempo que trabaja en eso" y se ha adelantado.
Algo similar ha ocurrido con Andalucía. El gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Miguel Ángel Guzmán, ha precisado este lunes que Andalucía ya contempló, en el momento en el que se confeccionaron los planes de contingencia, la posibilidad de habilitar espacios para acoger a pacientes asintomáticos con coronavirus, así como a enfermos leves o personal sanitario, con lo que la Junta de Andalucía ya estimó más de 10.000 plazas para alojamiento no sanitario.
La Comunidad de Madrid ya había destinado en exclusiva un pabellón de Ifema para alojar a varones sin techo contagiados por COVID-19 pero que se mostraban asintomáticos. Tras la petición del presidente del Gobierno han confirmado que están en disposición de habilitar otro pabellón para cumplir con las necesidades de aislamiento de aquellos contagiados que no presenten síntomas de la enfermedad.
El Gobierno de Isabel díaz Ayuso también ha informado de que reagruparán a ancianos con síntomas de coronavirus de residencias públicas y privadas en determinados centros específicos de la región, según fuentes de la Consejería de Sanidad.
Pero no todos están de acuerdo. En Castilla y León, el vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de la Junta, Francisco Igea, ha rechazado que se aisle a ciudadanos asintomáticos en instalaciones públicas.
Considera que "no es una opción razonable",porque no sé puede plantear sin saber el número "real" de contagiados, de ahí que vea necesario un acuerdo "político, científico y con las comunidades autónomas" para esta estrategia.
Por el contrario, su compañera, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, no tiene muy claro el tipo de reclusión al que deberán ser sometidos. Casado ha expresado sus dudas acerca de la conveniencia de recluir a los afectados en lugares como polideportivos, ha observado más posibilidades que no ha mencionado y considera "complicado" que sea aceptado por los propios implicados en esta cuestión.
También la presidenta del Govern balear, Francina Armengol se ha mostrado crítica con algunos aspectos de la medida al tiempo que proclamaba que "si lo que pretende el Gobierno es aislar a toda la población asintomática se va a necesitar hacer pruebas masivas, un millón es totalmente insuficiente, y el Ejecutivo ha de garantizar estas pruebas".
Al tiempo que ha hecho hincapié en que "las Islas ya disponen en la actualidad de instalaciones para poder separar a aquellos pacientes con síntomas de los positivos asintomáticos", haciendo alusión al establecimiento hotelero medicalizado Meliá Palma Bay.
Desde Cataluña, su consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha asegurado que en estos momentos están planificando las infraestructuras aptas para aislar a personas asintomáticas pero contagiadas por coronavirus que ha solicitado el Ministerio y "seguramente se pondrán a su disposición" recursos como los hospitales de campaña y hoteles que han ofrecido habitaciones.
Este lunes, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ampliaba las declaraciones de Pedro Sánchez al asegurar que una de las opciones con las que se trabaja en la etapa de transición de la pandemia es la de facilitar espacios a las personas que den positivo por coronavirus para pasar la cuarentena y su traslado podría ser opcional.
Más allá de que existan críticas al Ejecutivo central por la tardanza en adoptar esta medida, existe normativa en materia de salud pública que daría cobertura a un posible confinamiento de ciudadanos que dan positivo en coronavirus pero que son asintomáticos en instalaciones públicas, según juristas consultados por Europa Press que añaden que, no obstante, es aún pronto para un análisis de fondo de la propuesta lanzada por el Gobierno puesto que no se ha concretado si dichos traslados serían voluntarios u obligatorios.
Respecto a este segundo caso, el de obligatoriedad del confinamiento, la mayoría de los consultados no ven gran problema en que puedan llegar a aplicarse internamientos por orden judicial, si bien otros apuntan de que dicha medida podría exceder el actual Estado de Alarma.
Sobre las cuestiones jurídicas de la medida, el ministro o del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comentó que una voluntariedad manifiesta, si fuera necesaria y precisa, sería algo factible. "Si no, se estudiarían todas las posibilidades legales, porque hay un principio fundamental: garantizar la salud pública como bien constitucional del conjunto de los ciudadanos españoles", añadió.
Fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por Europa Press señalan que el citado confinamiento puede ser voluntario, como en principio parece haber planteado el Gobierno, o bien apoyarse en medidas de cuarentena previstas en las leyes sanitarias para enfermedades contagiosas con internamientos judiciales en casos de necesidad. Dichos internamientos podrían ser incluso dictados por el juez de guardia justificándose en argumentos de orden público para evitar la propagación del virus
En todo caso, las mismas fuentes consideran precipitado especular sobre la medida hasta que ésta no se concrete en un decreto ley, ya que ello puede generar bulos o 'fake news' que alarmen a la población, como los que están proliferando sobre otros asuntos referidos a la pandemia de coronavirus en las últimas semanas.
Concreta aún más el análisis la juez de adscripción territorial en los juzgados de lo Social de Madrid y miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Natalia Velilla, que apunta que el internamiento propuesto por el Gobierno "tiene cobertura legal pero con control judicial".
Aunque ha subrayado que falta por conocer todos los detalles del decreto que podría regular dicho aislamiento, Velilla ha indicado que, en caso de que la persona requerida se niegue voluntariamente a ser internada, la Ley de Autonomía del Paciente y de derechos y obligaciones en materia información y documentación clínica establece en su artículo 9 que los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas "indispensables en favor de la salud del paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento" cuando "existe riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas por la Ley".
Este mismo precepto remite a la Ley de Medidas Especiales en Materia de Saluda Pública, en cuyo artículo 2 se señala que "las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad".
Asimismo, Velilla, que cuenta como experiencia como letrada del Gabinete Técnico de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, asegura que para establecer un "control judicial" y garantizar que la medida sea "proporcional" y se estudien "caso por caso", se podría coger como base el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico, pues ya establece el supuesto de "autorización previa a dicho internamiento, salvo que razones de urgencia hicieren necesaria la inmediata adopción de la medida".
Por su parte, el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, subraya en manifestaciones a Europa Press que es de "sentido común" que cualquier persona que dé positivo en Covid-19, aunque no haya manifestado síntoma, querrá aislarse de forma voluntaria para evitar propagar los contagios.
En este sentido, apunta que una "resolución médica" bastaría para proceder al aislamiento y recuerda que las leyes del ámbito sanitario, como la de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, plantea situaciones excepcionales como la actual.
Otras fuentes consultadas por Europa Press en el Tribunal Supremo coinciden con el resto respecto a la existencia de normativa, si bien apuntan que una medida de estas características precisaría la declaración del estado de excepción, al exceder las previsiones del actual estado de alarma.
Según el artículo 11 de la ley reguladora de estos estados especiales, que es de 1981, el estado de alarma puede servir para limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.
Un internamiento de asintomáticos en intalaciones públicas excedería esta previsión, a juicio de las fuentes consultadas, al no ser simplemente una limitación, sino una afectación total a un derecho fundamental. Además, al tratarse de Estado de Excepción, no sería el Gobierno, sino el Congreso quien aprobara la medida y estableciera los términos de la misma, lo que no ocurre con el contenido de un Real Decreto de Estado de Alarma, que el parlamento únicamente tiene que ratificar.