Infectarse o no de coronavirus tiene mucho que ver con el barrio en el que vives y con la situación económica, con si estás en una zona de veraneo, como Baleares o no, si vives en calles estrechas y casas de pocos metros con miniterraza y te ahogas. También con el índice de población de los barrios. Vallecas es el barrio con más presión de la Comunidad. La pandemia se ceba con los más desfavorecidos, con más de 1000 casos por 100.000 habitantes, con viviendas de 36 metros cuadrados que provocan que respetar el confinamiento es complicado cuando no es obligatorio. Y en la viven más personas de media de lo normal. No es lo mismo vivir en Moncloa con la tasa más baja de contagios de Madrid. Allí se puede pasear entre avenidas y zonas de verde. El Hospital Infanta Leonor es un reflejo de lo que ocurre con el 40% de los pacientes infectados por coronavirus. El barrio de San Diego es otro paradigma de esta realidad.

Las consecuencias del estado de alarma derivado de la COVID-19 y la incierta “nueva normalidad” están afectando tanto a la salud de forma desigual como al bolsillo, desatando una emergencia sociolaboral sin precedentes. La economía española, en el umbral de la recesión, dispara la incertidumbre y deja en situación de extrema vulnerabilidad a las personas que tradicionalmente han encontrado más dificultades de acceso al mercado laboral: gente con discapacidad, mayores de 55 años desempleados de larga duración, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas y víctimas de la violencia de género y otras personas en riesgo de exclusión social.

“Si no se acometen medidas urgentes, se desatará una hecatombe laboral que cronificará la exclusión social de los más vulnerables. El desplome del turismo anticipa un impacto de dimensiones desconocidas sobre el empleo, siendo un sector transversal que arrastra en su caída a otras áreas estratégicas como la hostelería, el transporte o el ocio, y que deja en una situación crítica a las personas que ya se encontraban en riesgo de exclusión antes de la pandemia. Frenar la destrucción de empleos y generar nuevas oportunidades laborales para ellos es la única llave para evitar la expansión de la pobreza y amortiguar los efectos de la crisis en el marco de la Agenda 2030”- destaca Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

El VIII Informe sobre exclusión social presentado por la Fundación Foessa el pasado año cifraba en 6 millones las personas en condiciones de vulnerabilidad que podrían dar el paso definitivo a la exclusión social, en caso de producirse un empeoramiento de la economía. Y aunque las dimensiones de la oleada de pobreza que se viene son aún difíciles de calcular, parece que este fatal pronóstico podría cumplirse. En otras palabras, esos 6 millones de personas podrían sumarse a los 8,5 millones ciudadanos en situación de exclusión que ya se contabilizaban en la era pre COVID-19.

Con todo ello, el número de residentes en España en situación de exclusión social se elevaría a los 14,5 millones o, lo que es lo mismo, alcanzaría al 31% de la población, frente al 18,4% actual. Los profesionales mayores de 55 años han perdido 73.500 empleos durante el segundo trimestre de 2020, en un periodo en el que el número de ocupados suele crecer debido a la campaña de contratación estival, pero que este año ha invertido su tendencia por la pandemia (en el mismo periodo del año pasado los mayores de 55 años ganaron 92.200 empleos).

“A diferencia de otras personas que se han quedado sin trabajo, los mayores de 55 años se enfrentan a situaciones de extrema complejidad: se truncan sus cotizaciones en un momento clave y su desempleo tiende a cronificarse, lo que deriva en situaciones de pobreza y exclusión social” destaca Francisco Mesonero. Un 61,7% de los desempleados mayores de 55 años supera el año sin trabajo y la mayoría de ellos (49%) lleva más de 2 años sin encontrar empleo.

Los datos del último análisis de FAMS (Federación de Asociaciones de Madres Solteras), prácticamente la totalidad de las mujeres que encabezan las familias monoparentales (87%) afirma que su trabajo se ha visto afectado seriamente con esta crisis sanitaria. El citado informe destaca que este empeoramiento afecta especialmente a las mujeres cuya situación ocupacional no estaba amparada por ningún contrato, ya sea porque se dedicaban al trabajo de cuidados o de empleo doméstico en la economía informal o realizaban actividades de formación para el empleo. También encuentran grandes dificultades las mujeres autónomas, que se vieron obligadas a interrumpir su actividad, con la consiguiente merma o extinción de ingresos económicos.