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Marisa tiene 22 años y el rostro más vulnerable y crudo de la prostitución. Esa que se hace forzada y con engaños, esclavizada y disponible las 24 horas del día, primero para tu amo, el que tiene secuestrada porque le debes el billete al infierno, en vez del pasaporte a una nueva vida que te vendieron. Y luego están los que tienen en sus casas o pisos este negocio pero pasan de puntillas ante lo que ocurre dentro. No todas las prostitutas son Marisa. Las hay que ejercen porque quieren y desean tener derechos y no ser clandestinas. La situación no es fácil.
En la sociedad y en la política hay una postura reguladora que opta por atribuir derechos laborales a estas mujeres, como defiende la secretaria general del sindicato de trabajadoras sexuales OTRA, Conxa Borrell. La segunda, la posición abolicionista que considera que la regulación violaría, más si cabe, los derechos de las mismas.
En Alemania, por ejemplo, la prostitución está permitida desde 2002 mediante un texto ampliado en 2017. Por otro lado, Suecia, que optó por la abolición y se convirtió en Estado pionero de la Unión Europea.
El Pleno del Congreso aprobará este martes la toma en consideración de la Ley para abolir la prostitución impulsada por el PSOE y que recoge, de forma mayoritaria, la enmienda que los socialistas presentaron a la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como ley 'solo sí es sí'.
El PP ya adelantó hace semana que apoyará este trámite. Los diputados de En Comú Podem, la confluencia catalana de Unidas Podemos, votarán no a la admisión a trámite de la proposición no de ley del PSOE para la abolición de la prostitución, al entender que la solución a este fenómeno no es una perspectiva "punitivista". Es más, entiende que la aprobación de esta propuesta supondría un "grave retroceso en los derechos de las mujeres".
"No queremos criminalizar ni estigmatizar a ninguna mujer, queremos escucharlas", ha apuntado fuentes de los comunes, confirmando así que se desmarcarán de Podemos e IU, cuyos diputados sí apoyarán tramitar la iniciativa de los socialistas.
La propuesta que lleva el PSOE a su debate en el Pleno recoge la modificación del artículo 187 del Código Penal para que "castigue de forma general el proxenetismo, sin exigir relación de explotación".
Con este cambio, se impondría un castigo de prisión de 3 a 6 años y multa de 18 a 24 meses a quien, empleando violencia, intimidación, o abusando de una situación de superioridad, o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona a ejercer o mantenerse en la prostitución.
Esta proposición de ley también recupera la tercería locativa que pena a aquellos que, con ánimo de lucro y de forma habitual, cedan bienes inmuebles o local para favorecer el ejercicio de la prostitución. Es decir, a los dueños de los clubes, locales y pisos donde las mujeres ejercen esta práctica.
Además, se multará a los clientes de la prostitución. Según recoge el texto en su exposición de motivos, "las personas que recurren a las mujeres en situación de prostitución participan directamente del entramado que sostiene esta grave vulneración de los derechos humanos".
"Estas personas representan la condición de posibilidad para que se produzca la prostitución", ha explicado el PSOE, que propone un "reproche penal" para estas personas: una multa de 12 a 24 meses, que se eleva a prisión de 1 a 3 años y multa de 24 a 48 meses si la persona que presta el acto sexual es menor.
Sin embargo, el texto no incluirá medidas para prohibir la pornografía, a pesar de las reclamaciones que está realizando en este sentido una parte del movimiento feminista en España.
Fuentes de la formación socialista han explicado a Europa Press que tratar el tema de la industria del porno está descartado para esta medida, ya que su objetivo es actuar contra la trata con fines de explotación sexual y contra el ejercicio de la prostitución en el país.
Las mismas fuentes han explicado que hay un sector del feminismo al que le interesa incluir la pornografía dentro del debate de la abolición de la prostitución para acusar al principal partido del Gobierno de puritanismo.