La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal a raíz de la denuncia presentada por el colectivo Lambda, a la que se adhirieron otras 55 entidades sociales, por las declaraciones del purpurado.
Los delitos de incitación al odio contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas, ideológicos, religiosos, de raza, etnia o nacionalidad, se castigan con penas de hasta tres años de cárcel, según recoge el artículo 510 del Código Penal. Sin embargo, Abogados Cristianos defiende las palabras del arzobispo apelando a "la libertad de expresión".
"En ningún momento el cardenal Cañizares ha faltado el respeto de gays o lesbianas. Tan sólo ha manifestado una opinión contraria a la ideología de género", subraya la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, que pide "respeto" para el arzobispo y recuerda que la libertad de expresión ampara sus palabras.
A mediados del pasado mes de mayo, el cardenal Antonio Cañizares, en una misa conmemorativa de la patrona del Pontificio Instituto Juan Pablo II de Valencia, defendió el "bien precioso de la familia cristiana" al tiempo que lamentó que en los últimos años "ha asistido a una importante escalada contra la familia por parte de dirigentes políticos, ayudados por otros poderes como el 'imperio gay' y ciertas ideologías feministas". A principios de junio, ante la polémica suscitada, emitió una carta en la que retiró sus palabras.
Castellanos insiste en que la homilía de Cañizares es "una crítica lícita dentro de los márgenes de la libertad de expresión" y acusa al Ayuntamiento de Valencia de "pretender reprobar oficialmente al arzobispo a iniciativa de Valencia en Comú".