En una comparecencia ante la prensa al término del consejo, el vicepresidente aragonés, José Angel Biel, ha informado de que también se requerirá a la Generalitat de Cataluña que reconozca formalmente que se han superado las circunstancias de excepcionalidad y le insta a que se abstenga de realizar "cualesquiera actuaciones amparadas en el citado real decreto al no existir cobertura legal de las mismas".
Además de solicitar la anulación del decreto-ley, el gobierno regional de Aragón también ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 3 de dicho decreto, porque entienden que abre la puerta a la compra-venta de derechos de agua en la cuenca del Ebro.
Se trata de una cuestión "de principio", tal y como se hizo ya en otras dos ocasiones por el mismo motivo en 1999 y en 2001, en aquella ocasión por la Ley de Aguas, han explicado fuentes del Gobierno aragonés.
El presidente aragonés, Marcelino Iglesias, ha afirmado que prolongar el mini-trasvase hasta Barcelona "ya no es necesario, ya no es urgente, ya tenemos agua suficiente para llegar hasta el momento en que se resolverá un problema estructural que no se soluciona con esta obra, que era transitoria, sino con la desaladora que entrará en funcionamiento dentro de un año".
El presidente aragonés ha hablado con su homólogo catalán, José Montilla, para trasladarle su posición al respecto, de que "el propio decreto prevé su anulación si el problema no existe, si la emergencia no existe, como es el caso".
"Ya no hay soporte legal para la obra", ha subrayado Iglesias, quien evitó opinar sobre las declaraciones del presidente catalán respecto a una posible modificación del decreto de sequía en las cuencas internas de Cataluña, con el fin de mantener las restricciones.