En un comunicado, el concejal de Seguridad, Joaquim Enrech, ha explicado que el gobierno municipal muestra su respeto por las decisiones judiciales, pero lamenta "la indefensión" en la que se encuentra como consecuencia de una suspensión dictada en un momento del procedimiento judicial en el que no se ha presentado los motivos por los que se ha solicitado la suspensión.
"El gobierno municipal de Reus quiere dejar claro que la decisión del TSJC es una suspensión cautelar de solo dos artículos, y que en ningún caso se trata de una sentencia definitiva", ha afirmado.
El gobierno municipal ha defendido que la ordenanza de civismo es "jurídicamente impecable", y ha reivindicado de nuevo la necesidad de una legislación superior, ya sea de ámbito catalán y estatal, y mantiene que mientras no exista hará todo lo posible dentro del marco legal para impedir que las personas vayan con la cara tapada por la calle.
El alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha asegurado que el auto del TSJC "no altera el compromiso del gobierno de regular las vestimentas que impiden la identificación de las personas", y ha afirmado que es una regulación que enmarca en un contexto de convivencia y seguridad.
"La suspensión cautelar de dos artículos de la ordenanza puede poner en riesgo la seguridad que intentan, ya que el Ayuntamiento de Reus no podrá impedir que se vaya por la vía pública con la cara tapada, sea cual sea la vestimenta", ha remarcado.