En su sentencia, la sección primera de la Sala de lo Penal, presidida por Javier Gómez Bermúdez, considera probado que Beobide integraba el autodenominado comando "Basakatu" junto a Itziar Moreno, en paradero desconocido, y Ohiana Mardaras, arrestada en Francia en junio de 2009 tras sufrir un accidente de tráfico.
Los tres, prosigue la sentencia, confeccionaron y colocaron un artefacto explosivo que introdujeron en una maleta que dejaron sujeta a una verja de la sede del PSE con un letrero que decía "Peligro Bomba".
El artefacto estalló a las seis de la madrugada, media hora después de recibir en la Asociación de Ayuda en Carretera DYA una llamada alertando de la colocación de la bomba que se hizo desde una cabina situada frente a la vivienda de Itziar Moreno.
La explosión produjo lesiones a seis agentes de la Ertzaintza que acudieron a la sede del PSE para acordonarla.
Beobide fue detenido el 13 de febrero de 2010 por la Guardia Civil cuando circulaba en bicicleta entre las localidades guipuzcoanas de Asteasu y Villabona, al despertar las sospechas de los agentes el que fuera vestido con "ropa de montaña", según declararon en el juicio.
A raíz de su detención, y gracias a los croquis hechos por Beobide, se hallaron cuatro zulos: uno en el monte Ondi, cerca de Hernani (Guipúzcoa), en el que fue hallado un pendrive y dinero; otro, en el Monte Gorbea, en el Humedal de Saldropo, que contenía material explosivo y temporizadores, y otros dos, que se encontraron vacíos, uno de ellos en el pantano de Londogorta.
Para condenarle, el tribunal se ha basado en la declaración que prestó Beobide ante la Policía, en la que aportó "datos relevantes, por su contenido y por su relación con los hechos que posteriormente resultaron ser veraces y una vez comprobados, corroboran la verosimilitud" de su confesión.
Los zulos fueron además encontrados a partir de sus indicaciones, ya que, según la sentencia, "es de todo punto imposible que la fuerza policial conociera de antemano los zulos y su correcta ubicación".
Todos estos elementos, así como que aportara el nombre de las otras dos integrantes del comando, "dotan de certeza suficiente las manifestaciones realizadas por el procesado en sede policial (...) para hacer decaer el derecho de presunción de inocencia", indica el tribunal.
Por todo ello le condena a 17 años y medio de cárcel por un delito de estragos, a 40 años por cuatro delitos de lesiones terroristas y al pago de una multa de 720 euros por dos faltas de lesiones.
Además le impone el pago de una indemnización de 153.954 euros al PSE por los daños en su sede, así como que indemnice a los propietarios de los inmuebles y vehículos que resultaron dañados por la explosión.