Los promotores del proceso judicial que ha desembocado en estos autos consideran, no obstante, que todavía existen aspectos "no conformes a derecho", como es que el porcentaje fijado sea el 25% y no el 50%, como considera que ha reflejado en su jurisprudencia el Tribunal Supremo (TS).
Asimismo, cree que estas resoluciones hacen que de manera inmediata los que reclamen una enseñanza bilingüe reciban como mínimo el 25% en castellano, y abren la puerta a un procesamiento de la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, por un "delito de desobediencia".
La plataforma --que ha representado a las decenas de padres que han presentado demandas judiciales en los últimos años-- cree que el sistema de enseñanza que utiliza el catalán como lengua vehicular es un sistema "excluyente y contrario a la cohesión social".
También, considera que es un modelo discriminador, de fracaso y que genera desigualdad, ya que niega a los alumnos castellanohablantes el aprendizaje en su propia lengua.