Así lo aseguraron fuentes del despacho de abogados que lleva el asunto, Cremades & Calvo Sotelo, quienes señalaron que se ha solicitado como medida cautelar que se obligue a los controladores a volver a sus puestos de trabajo.
La denuncia pide al juez que inicie las diligencias necesarias para conocer la identidad de los trabajadores que han abandonado sus puestos y solicita una indemnización por daños y perjuicios a los controladores.
Este despacho de abogados, especializado en la defensa ante fraudes masivos, considera que la "deliberada y premeditada" acción de los controladores en vísperas de un puente ha ocasionado "gravísimos problemas" y daños a más de 250.000 usuarios.
En su opinión, una acción civil promovida por un grupo de afectados podría lugar a millonarias indemnizaciones.