En una reunión en Bogotá, el fiscal general interino, Guillermo Mendoza, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, y el presidente del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), Francisco Escobar, acordaron reforzar el grupo de elite que investiga las ejecuciones de civiles a manos de militares, conocidas como "falsos positivos".
El objetivo es lograr que ese grupo, conformado por investigadores de la Fiscalía, inspectores de las Fuerzas Militares y juristas del CSJ, trabaje "con más eficacia" y analice las nuevas denuncias aparecidas en las últimas semanas, dijo Mendoza a los periodistas al término de la reunión.
En el encuentro de hoy, el Gobierno, a través de Rivera, "reiteró su interés en que se adelanten con la mayor celeridad" los procesos judiciales contra los miembros de las fuerzas de seguridad implicados en supuestos homicidios de civiles, según un comunicado del Ministerio de Defensa.
Además, Rivera "insistió" en su propuesta de definir cuanto antes el número de fiscales, jueces y funcionarios judiciales que se requieren "para que en el término de un año se resuelvan mediante providencias las investigaciones" de los casos de "falsos positivos".
El ministro está dispuesto a gestionar ante el Gobierno "los recursos presupuestales necesarios para crear esa fuerza de trabajo con fiscales y jueces", agrega el texto oficial.
El escándalo de los "falsos positivos" estalló en 2008, cuando era presidente Álvaro Uribe y su ministro de Defensa era el actual mandatario colombiano, Juan Manuel Santos.
La ONU señaló a finales del 2009 que esas ejecuciones de civiles a manos de agentes de la seguridad del Estado, que los presentaban como guerrilleros muertos en combate ante sus superiores a cambio de beneficios, fueron "una práctica sistemática" de las Fuerzas Militares.
El fiscal general indicó hoy a los periodistas que "anticipar cifras" sobre las víctimas totales de ejecuciones extrajudiciales en el país "no es responsable".
Según el último reporte de la Fiscalía, la unidad de Derechos Humanos de esta entidad tiene 1.369 procesos abiertos por casos de presuntos "falsos positivos", que han dejado un saldo de 2.445 víctimas.
Hoy se conoció que un fiscal acusó a 29 militares por su presunta responsabilidad en el asesinato en 2005 de dos personas que fueron presentadas como guerrilleros muertos en combate.
Las investigaciones permitieron demostrar que no pertenecían a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ni murieron en enfrentamientos.
La Fiscalía emitió un comunicado en el que señala que esos 29 militares serán llamados a juicio y que sobre todos ellos pesa una orden de detención.