El encarcelamiento de uno de los alcaldes socialistas con más peso en Cataluña, Bartomeu Muñoz, ya dimitido, y de dos históricos ex altos cargos de Jordi Pujol, los otrora todopoderosos Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, ha removido las aguas del "oasis" y ha puesto en la palestra el debate sobre la connivencia entre el poder y la corrupción, alentada por los pingües beneficios derivados del "boom" inmobiliario.
Al mismo tiempo, el auto de Garzón sobre la operación "Pretoria", de la que cuelgan un sinfín de ramificaciones, ha extendido la sombra de la sospecha sobre la actuación urbanística en distintos municipios y ha obligado a diversas entidades -públicas y privadas- y a determinados personajes secundarios en la trama a tener que dar explicaciones e incluso a dimitir.
1) Los principales imputados por Garzón:
LUIS GARCÍA
Este ex diputado del PSC, también conocido como "Luigi", sería, según Garzón, el cerebro de la supuesta trama. Instigador de los "pelotazos" de Santa Coloma de Gramenet -donde 'imparte' las decisiones del consistorio gracias a su influencia sobre el alcalde-, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona. En prisión preventiva, acusado de los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude de subvenciones y falsedad de documento oficial.
BARTOMEU MUÑOZ
Dimitió como alcalde de Santa Coloma de Gramenet desde la cárcel, tras ser imputado por Garzón por los delitos de asociación ilícita, cohecho, fraude de subvenciones, fraude y falsedad en documento oficial. El PSC le ha suspendido de militancia. Acusado de favorecer en la adjudicación de contratos, al dictado de Luis García, a la inmobiliaria Proinosa y de falsificar facturas para desviar 1,3 millones de los fondos de cohesión de la Unión Europea.
MACIÀ ALAVEDRA
Dirigente histórico de CDC y conseller de Gobernación, de Industria y de Economía en varios gobiernos de Jordi Pujol, una vez abandonada la primera línea política se dedicó a sus negocios, desde donde, según Garzón, mantiene una "actividad agotadora" para conseguir voluntades en el ámbito político y público a favor de sus clientes, percibiendo por ello cuantiosas comisiones. En prisión por los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales -a través de una estructura de sociedades radicadas fuera de España- y tráfico de influencias. CDC le ha suspendido temporalmente de militancia.
LLUÍS PRENAFETA
Considerado el "fontanero" de la primera década de los gobiernos de Jordi Pujol, en los que fue Secretario General de la Generalitat, Garzón le implica, junto a Alavedra, por haber percibido comisiones por los supuestos "pelotazos" urdidos por Luis García en Badalona y Sant Andreu de Llavaneres. CDC también le ha suspendido temporalmente de militancia.
Por esta trama ha sido encarcelado además el concejal de Urbanismo de Santa Coloma -ya dimitido-, MANUEL DOBARCO, que presidía la empresa municipal Gramepark. Los otros cuatro imputados, que han quedado en libertad con fianza, son el director de servicios municipales de Santa Coloma, PASCUAL VELA, el presidente de la constructora Espais, LLUIS CASAMITJANA, el administrador de la inmobiliaria Proinosa, JOSÉ SINGLA, y el responsable de la empresa de limpieza Limasa, MANUEL CARRILLO.
2) Los tres grandes "pelotazos" que investiga Garzón:
SANTA COLOMA DE GRAMENET
Garzón se centra en el proyecto urbanístico Cúbics, o Pallaresa, que desde su inicio abrió agrias disputas en el consistorio y llegó a dinamitar en 2007 la coalición del PSC con ICV y CiU. En diciembre de 2001 el Ayuntamiento vendió a una unión temporal de empresas unos terrenos situados en la avenida Pallaresa, entre las que se encontraba Proinosa, de Josep Singla. Garzón investiga si este proyecto, que preveía la construcción de un centro comercial, hoteles y viviendas protegidas, de renta libre y que ha sufrido numerosas modificaciones, fue utilizado por la trama para blanquear dinero procedente de cuentas en el extranjero, con la colaboración del consistorio.
Según Garzón, la trama desvió 13 millones de euros que hubiera podido ingresar el ayuntamiento de Santa Coloma.
BADALONA
La sociedad pública Marina de Badalona SA compra en 2002 un solar junto al puerto deportivo y lo vende en 2004, tras una revalorización considerable. Los cuantiosos beneficios, no obstante, van a parar a Luis García, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, lo que provoca que el consistorio badalonés deje de ingresar 14 millones de euros, según Garzón.
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Garzón se centra en la recalificación de los terrenos de Can Riviere, por la que Niesma, de Luis García, ganó millones de euros. Sin embargo, la Fiscalía de Cataluña ya ha enviado a Anticorrupción otros tres supuestos "pelotazos" en la localidad, denunciados por "SOS Llavaneres". En dos de estos casos están imputados en un Juzgado de Mataró (Barcelona) el ex alcalde de Llavaneres Víctor Ros (PP) y el ex concejal de Urbanismo, Antonio Jiménez. Garzón estima que la trama ha defraudado a Llavaneres un total de 17,6 millones de euros.
3) Las múltiples ramificaciones del auto:
PROCAM
La inmobiliaria de Caixa Catalunya aparece en el auto porque, junto con Espais, participó en la compraventa del solar del puerto deportivo de Badalona. Tras la operación, Procam y Espais pagaron supuestamente 1,4 millones de euros en comisiones en 2004 a Luis García, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. Caixa Catalunya ha decidido auditar todos sus proyectos comunes con Espais. El director general de Procam, Eduardo Aznar, está imputado por el caso "Terres Cavades", de supuesta corrupción urbanística en Tarragona.
INCASÒL
Garzón desvela que el actual gerente del Incasòl, Emili Mas, participó en abril pasado en una serie de conversaciones con Luis García, Bartomeu Muñoz, Manuel Dobarco y Pasqual Vela y que, según se desprende de estos contactos, el consistorio de Santa Coloma emitió facturas falsas para desviar 1,3 millones de euros de los Fondos de Cohesión de la Unión Europea. Mas ha negado su relación con las facturas falsas y sostiene que sólo apremió al alcalde para que ejecutaran los proyectos de la Ley de Barrios. La Generalitat ha salido en su defensa.
MARINA BADALONA
Garzón asegura en su auto que Juan Felipe Ruiz, el consejero delegado de Marina Badalona -participada al 50% por el Ayuntamiento y el Consejo Comarcal- era el contacto en Badalona de Luis García, en relación con el "pelotazo" del Puerto Deportivo. A petición del alcalde badalonés, Ruiz ha renunciado a sus atribuciones especiales en este ente público, por lo que no tiene capacidad para decidir en operaciones urbanísticas y patrimoniales de envergadura.
ANTONIO JIMENEZ-LLAVANERES-MONTCADA I REIXAC
Garzón subraya que Jiménez, que compaginó durante un tiempo el cargo de concejal de Urbanismo de Llavaneres -cuando se produjo el "pelotazo"-, con el de director del área territorial de Montcada i Reixac, mantiene una "estrecha relación" con Luis García. El Ayuntamiento de Montcada ha decidido revisar todos los proyectos urbanísticos en los que intervino. Está imputado por un juez de Mataró por otros dos "pelotazos", junto con el anterior alcalde de Llavaneres, Víctor Ros (PP).
CERDANYOLA
Garzón se interesa también por una operación en Cerdanyola, después de que el empresario imputado Luis Casamitjana telefoneara a una concejal de CiU para preguntarle sobre la paralización de un proyecto urbanístico donde su empresa tenía intereses. El líder de CiU, Artur Mas, ha admitido que Prenafeta -que tenía el teléfono intervenido- le llamó para pedirle el número de la concejal para hablar de este proyecto.
GENÍS CARBÓ-ARENYS DE MAR
El arquitecto Genís Carbó, que entre 1996 y 2004 fue jefe de Planificación Territorial de la Generalitat, aparece en el auto porque cobró 244.011 euros de Luis García, tras la recalificación de los terrenos de Can Riviere, en Llavaneres. Pese a sostener que se tratan de sus "honorarios profesionales", Carbó ha dimitido ya como coordinador técnico de planificación del Ayuntamiento de Valls (Tarragona). Garzón investiga un convenio urbanístico en Arenys de Mar (Barcelona) con el que supuestamente Luis García tenía previsto construir una promoción de viviendas, cuando Carbó era jefe de planeamiento de esta población. Carbó ya fue investigado en 2006 por un juez de Arenys por facilitar información privilegiada a promotores urbanísticos, aunque el caso fue archivado.