"50.000 personas fueron secuestradas por la guerrilla y salvadas por nuestras fuerzas (armadas)", declaró hoy el ministro ceilandés de Gestión y Derechos Humanos, Mahinda Samarasinghe.
En su intervención en el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU que hoy dedica una sesión especial a la situación en Sri Lanka, Samarasinghe rechazó las versiones de expertos independientes sobre la gravedad de los niveles de desnutrición en los campamentos de desplazados y dijo que están "lejos de la verdad".
Sostuvo que las autoridades nacionales trabajan en todos los lugares "codo a codo" con Naciones Unidas.
Indicó que hoy se dio luz verde para que 52 organizaciones no gubernamentales "completen los esfuerzos" gubernamentales en el ámbito humanitario.
Adelantó que 9.000 miembros de la guerrilla participarán en un programa de reinserción, tras la derrota definitiva hace menos de dos semanas de ese grupo armado luego de 25 años de conflicto.
En la misma sesión del CDH, la relatora de la ONU sobre Derechos Humanos y Extrema Pobreza, Magdalena Sepúlveda, dio otra versión de la situación y deploró "que en los campamentos algunos ya hayan muerto de hambruna o malnutrición".
"Lamentamos que hasta hace muy poco se haya negado al personal de la ONU acceso a la zona de conflicto y a los puntos de registro de las personas que salían de allí", dijo Sepúlveda en representación de una treintena de experto de la Organización en derechos humanos.
Esa falta de acceso, agregó, hace difícil "verificar la veracidad de denuncias sobre desapariciones forzadas, y detenciones y ejecuciones arbitrarias".
Minutos antes, al abrir la sesión especial del CDH, la alta comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay, pidió al Gobierno de Sri Lanka que permita que observadores independientes y la prensa internacional "verifiquen los reportes sobre graves violaciones de los derechos humanos" en este país.
Se declaró favorable al envío a Sri Lanka de un equipo que investigue esas denuncias de manera independiente y creíble.
Pillay advirtió también de que si se confirmasen las denuncias de que el ejército asesinó a miembros de la guerrilla que pretendían entregarse, ello sería claramente una violación a las leyes de la guerra.
Asimismo, denunció que "se desconoce la suerte que han corrido miles de civiles que se cree estaban en la zona del conflicto o en tránsito hacia los campamentos de desplazados".
De otra parte, urgió al Gobierno a acelerar y corregir los errores en el proceso de identificación puesto en marcha para separar a los miembros de la guerrilla tamil de la población civil.
En ese sentido, indicó que "el acceso de observadores independientes es crucial para asegurar un proceso justo y un tratamiento humano a los detenidos".
Sobre los abusos cometidos contra los civiles durante el conflicto, la alta comisionada sostuvo que "hay fuertes razones para creer que ambas partes menospreciaron el principio que protege a los civiles en situaciones de guerra".
Ante la posibilidad de que se amnistíe a miembros de la guerrilla de mando medio y sólo se juzgue a los líderes, Pillay recordó que las amnistías impiden que los responsables de crímenes de guerra, genocidio, crímenes contra la humanidad y otros graves delitos respondan por sus actos.
Dado el elevado número de delegaciones nacionales y ONG que han pedido la palabra, la sesión especial continuará mañana.