La Fiscalía General recurrió al Tribunal Supremo (TS) para que revise la sentencia que aprobó los 470 millones de dólares de indemnizaciones que el propio Gobierno pactó en 1989 con Union Carbide, empresa comprada posteriormente por Dow Chemicals.
El Gobierno había asumido por ley la representación de las víctimas, y en calidad de tal pidió hoy al TS que reconsidere su fallo, tras aseverar que la cifra de 470 millones de dólares fue fruto de una "asunción de hechos y datos incorrectos", según las agencias PTI e IANS.
Según la petición, en 1989 se partió de la base de que el escape había causado unos 3.000 muertos, 20.000 inválidos temporales y 50.000 heridos leves, cuando las cifras reales fueron 5.295 fallecidos, 35.000 inválidos temporales y 527.000 heridos.
Miles de supervivientes del peor desastre industrial de la Historia se congregaron hoy en Bhopal para recordar a sus víctimas y reiterar su incesante petición de justicia.
Al grito de "seguiremos luchando, una nueva era llegará", los manifestantes caminaron hasta la fábrica que originó la tragedia, ahora en desuso, según las agencias indias.
La decisión de hoy llega tras la primera condena judicial por este caso -dos años de cárcel para el director y seis responsables indios de la planta-, emitida el 7 de junio pasado por el Tribunal de Bhopal.
La condena indignó de tal modo a las víctimas que el Gobierno se vio en la tesitura de revisar todo el caso, y anunció a fines de ese mes nuevas compensaciones para las 45.166 víctimas "más severamente afectadas", por un monto de 7.000 millones de rupias (150 millones de dólares), a las que añadió en noviembre 712,8 millones de rupias (15,5 millones de dólares) para casi 3.500 inválidos.
También aprobó medidas para descontaminar la zona del accidente, sellar la planta, trasladar a las 2.500 familias que aún vivían en sus proximidades y mejorar el seguimiento de las secuelas del escape y la atención médica a los afectados.
En el frente legal, aseguró que estudiaría una nueva petición de extradición del presidente de Union Carbide, el prófugo octogenario Warren Anderson, e incluso pedir al Supremo que reconsidera su fallo de 1996, que redujo a "muerte por negligencia" los cargos de "homicidio culpable" originalmente presentados.
Ambas posibilidades no han prosperado, al menos de momento, sino que el Gobierno parece haber optado por buscar una mayor responsabilidad por parte de Dow Chemical como sucesora de Union Carbide.
Según IANS, el Gobierno ha recalculado el valor en dólares que tendría este año el montante entregado en 1989, caso de haber sido invertido, y fijado la indemnización pertinente en 1.241,4 millones de dólares, unos 57.800 millones de rupias.
A esa cantidad, añadió los 17.431,5 millones de rupias gastados en la rehabilitación de las víctimas y otros 3.157 millones en el tratamiento de los desechos tóxicos, lo que suma otros 442 millones de dólares al cambio actual.
Las víctimas recibieron con escepticismo la decisión gubernamental.
"Esto es un gran error. Si el Gobierno quisiera ir en serio con este asunto nos habría consultado antes", dijo a Efe por teléfono Rashida Bi, miembro de Women Stationary Workers Organization, una de las organizaciones defensoras de las víctimas.
"De primeras -abundó-, parece un gesto cosmético, un pequeño obsequio, y encima llega el día del aniversario. Los supervivientes nos reuniremos mañana y decidiremos qué respuesta oficial dar".
De acuerdo con la petición del fiscal al Supremo, las asunciones "incorrectas" sobre las que el Gobierno llegó a su pacto con Union Carbide en 1989 afectan seriamente al "elemento de justicia" que se pretendió con él y "vician la base misma sobre la que se acordó la compensación".
Tras el escape, Warrenson se personó en Bhopal y estuvo brevemente detenido antes de ser enviado a Delhi con protección oficial, para después abandonar la India con la connivencia -según creen las víctimas- del Ejecutivo de Rajiv Gandhi.