Montero ha señalado así, en declaraciones a Europa Press, desconocer si Sanidad ha elevado finalmente el asunto a la Fiscalía General de Estado, al tiempo que ha confirmado que este mismo jueves 7 de junio concluye el plazo de alegaciones que la Junta de Andalucía puede elevar contra la decisión del Tribunal Constitucional de suspender de forma cautelar la subasta de medicamentos, tras aceptar el conflicto positivo de competencia presentado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
En concreto, el conflicto del Gobierno del Estado se dirigió contra la resolución por la que la Consejería de Salud daba luz verde a la convocatoria pública para la adjudicación de algunos principios activos.
Montero anunció recientemente en Sevilla que su departamento y el Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos (CACOF) habían alcanzado un acuerdo por el que nueve de las 13 presentaciones farmacéuticas de varios laboratorios que optaron y se alzaron con ese primer concurso público de licitación de fármacos podían pueden dispensarse a partir del pasado 1 de junio en las farmacias de la comunidad, siempre que sean recetas del SAS prescritas por principio activo.
Montero sustentaba ese acuerdo en que esas nueve presentaciones tienen ya el precio más bajo del mercado --no el precio menor--, ajustándose así a la modificación que contempla el Real Decreto Ley RDL 16/2012.
Montero, que insistía en que estas nueves moléculas "se ajustan perfectamente a la legislación estatal vigente" al ser los medicamentos del precio más bajo, sustentaba esta medida en el compromiso de "reforzar" a aquellos laboratorios que hicieron una "apuesta fuerte" por la eficiencia en la comunidad andaluza y se ajustaron a la subasta.
Sobre el presunto acuerdo con las farmacias andaluzas, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos, Antonio Mingorance, ya negó en declaraciones a Europa Press pacto o acuerdo alguno en este sentido y aclaró que lo "único" que habían hecho desde la cúpula del CACOF había sido "poner en conocimiento de las farmacias la comunicación que nos envió la Dirección Gerencia del SAS".
De hecho, Mingorance dijo que el CACOF "no tiene capacidad legal para imponer ninguna lista de medicamentos seleccionados a ningún farmacéutico", toda vez que insistía en su declaraciones en que la institución colegial "no puede decirle a la farmacia lo que tiene que dispensar, ya que quién tiene ese poder legal son las administraciones".