Xurde Rocamundi lleva año peleando contra la Generalitat que le reclama 1.200 euros por no poner los rótulos de su inmobiliaria, Global Fincas, "al menos en Catalán", como exige la Agencia Catalana de Consumo.
Su pesadilla empezó a mediados de 2008 con una denuncia anónima. Entonces la Agencia de consumo le dio dos meses de plazo para cambiar los carteles. Tras su negativa le multó con 1.200 euros.
Rocamundi lleva presentando alegaciones desde entonces porque no está de acuerdo. Argumenta que siente vulnerados sus derechos lingüísticos en su propio país. Habla incluso de la inconstitucionalidad de la norma que le obliga a rotular en catalán.
Este empresario asegura que está dispuesto a llegar al Tribunal Constitucional y, si fuera necesario, al Tribunal europeo de derechos humanos. Además, se plantea la consecución de firmas a través de las redes socilaes.