Una serie de medidas y políticas "contrarias al derecho internacional" están afectando "el estatus de residencia, así como el acceso a la salud y la educación" de los 270.000 palestinos que viven en Jerusalén Este, área anexionada por Israel, según un informe presentado hoy por la Oficina de Asuntos Humanitarios (OCHA) de Naciones Unidas.
A pesar de que Jerusalén Este es tradicionalmente un centro político, comercial, religioso y cultural para los palestinos, éstos sufren desde 1967 severas restricciones para residir e incluso para circular dentro de sus límites municipales, fijados unilateralmente por Israel.
Desde hace veinte años, los palestinos no residentes en esa jurisdicción -sino en Gaza o Cisjordania- deben obtener un permiso para entrar, incluso si se dirigen a los lugares de culto durante el Ramadán y la Semana Santa.
Esos permisos son además limitados y en caso de obtenerse, su titular no se libra de tener que atravesar cuatro puestos de control israelíes.
A los palestinos que ya vivían en Jerusalén Este antes de la anexión por Israel se les considera como residentes, pero no ciudadanos de este país, por lo que requieren un permiso de residencia.
Uno de los autores del informe, Ray Dolphin, explicó en rueda de prensa que desde 1967 Israel ha revocado 14.000 de esos permisos, más de un tercio (4.500) desde 2008.
Explicó que ni siquiera el matrimonio da derecho automático a la residencia para palestinos en Jerusalén Este y que "se requiere un proceso de reunificación familiar que es muy costoso y virtualmente imposible desde 2003".
Según el informe de la OCHA, Israel también ha utilizado la zonificación y las demoliciones para disuadir a los palestinos de vivir en Jerusalén Este.
"El 35 por ciento de la tierra ha sido confiscada por Israel para levantar asentamientos y sólo el 13 por ciento del área municipal está destinada a construcciones palestinas, por lo que hay un déficit estimado de 1.000 viviendas anuales", explicó Dolphin.
Frente a esa situación, consideró que las autoridades israelíes deben destinar zonas apropiadas para las construcciones palestinas y legalizar aquellas que se han ido levantando ante la imposibilidad de obtener un permiso.
El experto dijo que unas 60.000 edificaciones (un cuarta parte del total) no están formalizadas.
Asimismo, afirmó que Israel debe parar de construir asentamientos y restituir las tierras que confiscó sin motivo.
La responsable adjunta de la OCHA en Jerusalén, Reea Ghelani, recalcó que es momento de reaccionar ante el cambio demográfico que se está produciendo en Jerusalén Este, donde ya hay 200.000 colonos judíos frente a una población de 270.000 palestinos.
"Es momento de resolver esta situación antes de que se ponga en juego la presencia palestina en Jerusalén Este", comentó.