La directiva (ley-marco) sobre el llamado "permiso único" para los inmigrantes económicos que llegan a la UE, con la que se pretendía simplificar la obtención de permisos de trabajo y residencia para nacionales de terceros países, recibió finalmente 350 votos en contra, 306 a favor y 25 abstenciones en el Parlamento Europeo.
El voto dividido de los liberales, que en principio habían acordado con el grupo conservador del PPE, el más numeroso de la Asamblea, dar el visto bueno a la directiva, ha inclinado el resultado del lado del "no".
El Parlamento tendrá ahora dos meses para revisar la proyectada legislación.
En ese plazo, la comisión parlamentaria de Libertades Civiles, Justicia e Interior, así como la de Asuntos Sociales y Empleo, retomarán el texto y lo discutirán para intentar obtener una propuesta de consenso.
Este procedimiento es el preceptivo dado que la Comisión Europea, de la que partió inicialmente la propuesta, no ha anunciado tras la votación que pensara retirarla.
La directiva de "permiso único" fue rechazada por los grupos socialista, izquierda unitaria europea (ex comunistas) y los verdes (ecologistas), porque prevé pero no garantiza en todos los casos la igualdad en materia social para los recién llegados.
Esas desigualdades y el hecho de que algunos inmigrantes no comunitarios quedaran fuera del ámbito de aplicación de la directiva había motivado las críticas.
Aunque el texto dice expresamente que los inmigrantes procedentes de países no miembros de la UE deben ser considerados como comunitarios en materia de beneficios sociales, no incluye para el caso a los temporeros ni a los solicitantes de protección internacional.
La Comisión Europea se ha justificado diciendo que prepara directivas específicas para estos dos grupos excluidos.
El grupo socialista europeo ha considerado el rechazo del pleno "una gran victoria para el Parlamento Europeo" pues "pondrá freno a la discriminación" de los trabajadores inmigrantes.
El grupo del PSE considera que ahora "se abre una oportunidad para trabajar con la opinión pública europea y conseguir un texto igualitario".
Precisamente uno de los eurodiputados más combativos contra la propuesta ha sido el eurodiputado socialista español Alejandro Cercas, quien ha denunciado que con la directiva se pretendía "traer trabajadores low cost" del Tercer Mundo a la UE.
Cercas había denunciado asimismo que la directiva establecía menos derechos que los consagrados en materia laboral y social por el Convenio de Naciones Unidas de 1990, sobre la protección de derechos de todos los trabajadores inmigrantes y sus familias.
Tras el rechazo del proyecto de directiva, Cercas se ha congratulado en un comunicado sobre el resultado y ha reiterado que el texto de la CE "era inútil y peligroso" y que además se había redactado sin tener en cuenta a agentes sociales como ONG y sindicatos.
El Partido Popular Europeo, que confiaba en la aprobación de la medida, ha reaccionado por boca de su ponente, la francesa Veronique Mathieu, quien ha lamentado el rechazo al considerar que "una de las mejores formas de luchar contra la inmigración ilegal es desarrollar canales de inmigración legal equilibrados que satisfagan los mercados de trabajo de la UE".
La primera vez que la CE presentó una directiva sobre el "permiso único" fue en 2001, pero tras no prosperar en el Consejo de Ministros fue retirada en 2006.
El texto actual fue presentado por el Ejecutivo comunitario en 2007, y para ser aprobado esta vez necesita no sólo el visto bueno de los gobiernos, sino también del Parlamento Europeo, en virtud del procedimiento de "codecisión" previsto por el Tratado de Lisboa en materia social.