"El mundo exterior no debería comentar sobre este caso. Esperamos que los países extranjeros respeten la soberanía judicial y a las autoridades judiciales que están manejando el caso según la ley", señaló hoy la portavoz de turno del Ministerio chino de Asuntos Exteriores, Jiang Yu, en rueda de prensa ordinaria.
La funcionaria agregó que el caso de Ai, de 53 años, "está siendo investigado".
Estas declaraciones coinciden con el primer día de visita en Pekín del canciller austríaco, Werner Faymann, jefe del Gobierno de su país, quien ha prometido tratar con las autoridades la polémica detención del artista durante su estancia de tres días.
Su visita se produce un día después de que el ministro de Asuntos Exteriores de Austria, Michael Spindelegger, convocara al embajador chino en Viena para transmitirle su protesta por la detención del artista, del que su familia no tiene noticias desde hace más de un mes, lo que vulnera la ley china relativa a detenciones.
De esta manera Austria se une a la larga lista de países, museos e instituciones que han protestado por la detención de Ai, quien según grupos de derechos humanos, está siendo retenido por su abierta oposición al régimen chino, mientras que éste alega que lo investiga por "supuestos delitos económicos".
Además de Austria, gobiernos como el de EEUU, Francia, Alemania, Reino Unido, Australia o Japón se han unido a las protestas de grupos de derechos humanos que piden a China que Ai sea liberado, junto con otros cuatro colaboradores y allegados que permanecen detenidos desde hace más de un mes.
La detención de Ai se practicó sin mediar una orden legal de arresto, como la de otras decenas de abogados, disidentes, intelectuales y artistas que han sido detenidos, amenazados o acosados desde febrero; pero Pekín insiste en que todo se realiza de acuerdo con la ley.
La última víctima de esta campaña fue el abogado de derechos humanos Li Xiongbing, desaparecido ayer, tras la liberación de otro colega, Li Fangping, después de cinco días de arresto ilegal, una situación en la que todavía permanecen desde hace semanas otros 16 activistas.
Según grupos humanitarios, el Partido Comunista que gobierna China desde 1949 lleva a cabo en los últimos meses su más represiva campaña contra la disidencia en una década, para evitar que su población emule las protestas de la llamada "primavera árabe".