El presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, Alejandro Goic, dio a conocer este miércoles a Piñera el contenido de la iniciativa, que ha generado controversia en el país y ha sido rechazada por las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Tras la reunión, la portavoz del Gobierno, Ena Von Baer, compareció ante la prensa para ofrecer la versión del Ejecutivo acerca de esta propuesta, planteada con motivo del Bicentenario de la Independencia del país, que se celebra este año.
El presidente "va a reflexionar respecto a este documento y va a tomar una decisión con base en los compromisos del Gobierno con la verdad y la justicia, la unidad nacional y la seguridad ciudadana y las consideraciones humanitarias", declaró Von Baer.
La portavoz llamó a "esperar con calma la reflexión y la decisión del presidente, y a no hacer juicios respecto a ella".
Piñera, que es el primer mandatario de derecha que gobierna el país desde el fin de la dictadura, afirmó en una entrevista publicada el domingo que cuando se aplican razones humanitarias se debe tener "el mismo criterio para civiles y militares".
El presidente ha condenado las violadores a los derechos humanos, que en 17 años de dictadura dejaron unos 1.200 detenidos desaparecidos y 28.000 víctimas de prisión política y tortura, según cifras oficiales.
A las puertas del Palacio de la Moneda se concentró un grupo de familiares de víctimas del régimen militar, quienes se han opuesto a que este indulto pueda beneficiar a alguno de los 64 violadores de los derechos humanos actualmente condenados por delitos de lesa humanidad.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, señaló que de aceptarse esta propuesta "se agrede al derecho internacional y se ofende a las actuales y futuras generaciones porque se les pone en riesgo de volver a vivir terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad".
Sobre la polémica también se pronunció el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, quien ha estado al frente de emblemáticas investigaciones de derechos humanos, y a fines de 2009 hizo un mea culpa por el funcionamiento de la Justicia durante la dictadura.
"Creo que son situaciones que están obsoletas en una sociedad moderna. Los indultos y las amnistías no debieran coexistir en regímenes democráticos como el que tenemos, pero es una opinión personal", manifestó Juica.
En el ámbito parlamentario, el senador Hernán Larraín, de la oficialista Unión Demócrata Independiente, cercana a los sectores que apoyaron la dictadura, calificó la propuesta de "interesante", porque "no hace discriminación de las personas que han cometido los delitos".
Sobre los violadores de los derechos humanos, el texto presentado por la Iglesia señala que este asunto se debe "poner sobre la mesa", y matiza que "no todos ellos tuvieron igual responsabilidad en los crímenes que se cometieron".
"La reflexión debe incluir, por ejemplo, el grado de responsabilidad que le cupo a cada uno, el grado de libertad con que actuó, los gestos de humanidad que tuvo y al arrepentimiento que ha manifestado por sus delitos", añade el documento.
Por su parte, los parlamentarios de la opositora Concertación de centroizquierda reiteraron su rechazo a indultarlos.
El jefe de los diputados democristianos, Patricio Vallespín, recalcó que en materia de derechos humanos "no hay nada que discutir".
También los diputados socialistas opinaron en un comunicado que se deben excluir de un posible indulto "a aquellas personas que en la comisión del delito demostraron un total desprecio por la vida y la integridad de sus semejantes".
En tanto, el diputado del Partido por la Democracia, Tucapel Jiménez, hijo de un conocido sindicalista asesinado durante la dictadura, lamentó que con esta propuesta "se hayan reabierto heridas".