Los amotinados, que en la mañana de este martes habían dejado salir de la cárcel a dos de sus rehenes, liberaron posteriormente a los demás y entregaron las armas a comienzos de la tarde, tras una negociación que fue mediada por un pastor evangélico y un juez.
Los presos asesinados, tres de ellos decapitados, al parecer fueron víctimas de ajustes de cuentas entre bandas rivales de internos en dos de las seis unidades que integran el Complejo Penitenciario de Pedrinhas, el mayor centro carcelario de Sao Luis, la capital del estado amazónico de Maranhao (norte de Brasil).
Quince de las víctimas estaban recluidas en el Presidio Sao Luis, destinado a los condenados más peligrosos, y las otras tres eran internos de la Penitenciaría de Pedrinhas, en la que algunos tienen derecho al régimen semiabierto, dijeron a Efe voceros de la Secretaría de Seguridad Pública de Maranhao.
Pedrinhas es el mayor centro penitenciario de Maranhao y está integrado por seis unidades con capacidad para unos 2.000 presos, pero que albergan a cerca de 4.000, según admite el propio gobierno regional.
Tras la liberación de los tres rehenes que quedaban, la Policía Militar de Maranhao ocupó las dos unidades y decomisó a los reclusos una pistola y dos revólveres, uno de los cuales pertenecía a uno de los guardias rendidos.
Los líderes de la rebelión en el Presidio de Sao Luis, una unidad con capacidad para 100 presos pero en la que estaban 200, habían autorizado en la noche del lunes la retirada de nueve cadáveres, tres de los cuales estaban decapitados.
También autorizaron anoche la salida del guardia carcelario que tenía heridas de bala en uno de los brazos y en la espalda, y que fue sometido hoy a una delicada cirugía.
Otros seis cadáveres fueron encontrados dentro de la misma unidad tras el fin del motín.
La rebelión estaba limitada inicialmente al Presidio de Sao Luis pero hoy se extendió a la Penitenciaría de Pedrinhas, en donde un tiroteo en la mañana de este martes dejó tres muertos.
Los presos rechazaron inicialmente los intentos de negociación emprendidos por la policía por lo que la gobernadora del estado, Roseana Sarney, pidió ayuda al ministro de Justicia, Luiz Paulo Barreto, que reforzó el cerco a la cárcel con miembros de la Fuerza Nacional de Seguridad.
Los amotinados solo aceptaron las negociaciones con la llegada del pastor evangélico Marcos Pereira y del juez Marcelo Lobao, que transmitieron la promesa de la dirección del presidio de promover mejorías en el abastecimiento de agua y en la calidad de la alimentación.
Los presos, que inicialmente no tenían reivindicaciones ya que su objetivo supuestamente era huir, lo que fue frustrado por los guardias, exigieron la separación de internos que pertenecen a grupos rivales, la aceleración de los procesos judiciales y mejorías en la alimentación.