ACAI avisa al PP de que va a "desproteger" a las menores en situación de riesgo

La iniciativa 'popular' deroga el artículo 14.3 de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, que modificó la Ley de Autonomía del Paciente para sacar el aborto de la lista de excepciones en las que un menor de 16 o 17 años necesita consentimiento paterno para una intervención médica, junto a los ensayos clínicos y la reproducción asistida.

Por otro lado, da una nueva redacción a ese precepto de la Ley de Autonomía del Paciente para añadir que "para la interrupción voluntaria del embarazo de menores de edad o personas con capacidad modificada judicialmente será preciso, además de su manifestación de voluntad, el consentimiento expreso de sus representantes legales".

En este sentido, la organización ha avisado de que las menores en desamparo, en riesgo social o procedentes de familias desestructuradas son las que gracias al amparo de la actual ley consiguen interrumpir su gestación de manera legal y con seguridad médica, por lo que ha denunciado que prohibírselo pondrá "en riesgo su integridad".

HAY MENORES QUE NO CUENTAN CON EL "AMPARO" FAMILIAR

"Haciendo una generalización simplista de la situación de las mujeres jóvenes españolas, el PP presupone que entre las facultades del ejercicio de la patria potestad con respecto a las menores está el de velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. No obstante, no advierte que algunas menores no disfrutan de esas circunstancias, es decir menores en dificultad, sin ese amparo familiar, mujeres que también existen y a las que también hay que darles una opción acorde a sus circunstancias vitales", ha recalcado ACAI.

Además, la organización ha asegurado que el Gobierno "falta a la verdad" cuando dice que la normativa de 2010 "impide" a los progenitores y tutores cumplir con la obligación recogida en le Código Civil, privando a las menores de protección y de poder contar con la asistencia de quienes ejercen su patria potestad.

"Hace de la excepción una generalidad", ha recalcado, para recordar que la ley de 2010 "no sólo no impide a las menores comunicar a sus padres la situación, sino que exige que estos sean informados salvo en casos muy concretos y particulares en los que la menor alegue fundadamente conflicto grave, manifestando en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo. Es decir, los casos que habitualmente vemos y tratamos en los centros".

Finalmente, ACAI ha comentado que el hecho de que la proposición de ley reconozca "veladamente" la posibilidad de "cualquier tipo de conflicto" y que para su resolución apunte a lo previsto para tales casos en el Código Civil, deja "clara la intención de condenar" a las menores en situación de riesgo a una "suerte de periplo jurídico, legal y médico" que las que están en dificultades no abordarán, recurriendo por el contrario a soluciones clandestinas.